El juez que conspiró contra una magistrada vinculada a Podemos irá a la cárcel
El Supremo confirma más de seis años de prisión para Salvador Alba
El Tribunal Supremo abocó ayer al magistrado canario Salvador Alba a ingresar en prisión para cumplir una pena de seis años y medio por maniobrar contra su colega Victoria Rosell, hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La Sala de lo Penal ha confirmado la condena que le impuso en 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público. Además de la pena de prisión, el Supremo confirma otra pena de 18 años de inhabilitación para Alba, quien ya estaba suspendido provisionalmente de sus funciones y ahora queda expulsado de la carrera judicial. El magistrado tendrá también que pagar una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 a Rosell.
Los jueces del tribunal canario dieron por probado que Alba conspiró para perjudicar la imagen publica de la magistrada y conseguir datos que dieran alas a la querella que había presentado contra ella el exministro del PP
José Manuel Soria. Para conseguirlo, Alba recurrió al empresario Miguel Ángel Ramírez para que aportase documentos que cuestionaban la imparcialidad de Rosell como juez. Lo hizo tras acceder al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, que hasta poco antes ocupaba la magistrada y que había quedado vacante después de que esta solicitara una excedencia para presentarse a las elecciones generales de 2015 en la lista de Podemos.
Alba solicitó expresamente al Consejo General del Poder Judicial su traslado a ese juzgado, en el que Rosell instruía desde 2014 una causa por delitos fiscales contra el empresario Ramírez, entonces dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria y presidente, todavía hoy, de Las Palmas CF.
Nada más llegar al juzgado, el magistrado contactó con un abogado de la causa para que le facilitara contratos que vinculasen con las empresas de Ramírez al periodista Carlos Sosa, entonces pareja de la juez Rosell. También citó al empresario, al que mantenía como investigado, a una comparecencia cuya principal finalidad, según el alto tribunal, “no era recibir declaración al imputado, lo que también tendría lugar, sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción”.
Ramírez le facilitó documentación y, una semana después, El Mundo publicó que el empresario había prestado dinero a Carlos Sosa mientras su pareja lo investigaba. Esa información sirvió a Soria para ampliar la querella contra la ya diputada de Podemos, que fue admitida por el Supremo. Lo que no sabía Alba es que el empresario había grabado la entrevista con él, una conversación que fue avalada por el tribunal y se convirtió en una prueba fundamental para condenar al magistrado, que ahora tendrá que entrar en prisión.
La querella contra Rosell fue archivada, pero después de que tuviese que dejar, en abril de 2016, la Diputación Permanente del Congreso, en la fallida XI Legislatura, y renunciara a presentarse de nuevo a las elecciones generales de junio de ese mismo año. La Sala de lo Penal del Supremo, que admitió a trámite la querella de Soria contra Rosell, reconoce en su sentencia que las maniobras de Alba influyeron en esa decisión, “en la medida en que se tenían en cuenta las aparentes relaciones comerciales” entre Ramírez y la pareja sentimental de la juez que le investigaba.
Rosell mostró ayer en su cuenta de Twitter su satisfacción por la resolución del Supremo: “Por fin. Ya es firme la condena al juez Alba por prevaricación, cohecho y falsificar pruebas contra mí. Cárcel y expulsión de la carrera judicial. Dedicado a todas las personas a la que dañó, que me mantuvieron viva y con fuerzas. Gracias”. Pablo Iglesias, líder de Podemos cuando Rosell era diputada, también aplaudió la sentencia en su cuenta de dicha red social.
Victoria Rosell tuvo que dejar su escaño por las acusaciones de su colega
El tribunal admite que las maniobras del juez le influyeron al admitir la querella