Los empleados de Nissan paran ante las dudas sobre la planta
La china GWM plantea que la fábrica no reúne sus requisitos
Los trabajadores de la fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona han decidido paralizar las dos líneas de producción de las instalaciones ante los problemas surgidos en las últimas horas sobre la posible inversión de la sociedad china Great Wall Motors (GWM). El grupo chino ha trasladado al Ministerio de Industria, al Departamento de Empresa de la Generalitat de Cataluña y a Nissan
que, tras realizar durante una semana una auditoría sobre la planta, ha concluido que esta no cumple con todos los requisitos que el grupo tenía previstos para implantarse en Europa. Fuentes sindicales explicaron que se convocó ayer una asamblea de trabajadores para explicar a la plantilla la última información que se tiene sobre la operación.
El martes, GWM remitió una carta a los negociadores indicando que la planta no reunía las características técnicas que requieren sus planes. Las administraciones convocaron ayer por la tarde de urgencia al comité de empresa, al que trasladaron el resultado de la auditoría interna elaborada por GWM. No eran datos positivos. En ese informe la compañía establecía algunos puntos que complicaban la instalación del fabricante chino en Barcelona, actualmente la opción prioritaria para las administraciones como sustituto de Nissan, que prevé poner fin a su actividad a finales de diciembre.
El primer punto en contra es que GWM ha aumentado sus previsiones de producción en Europa, donde quiere empezar a comercializar sus vehículos eléctricos a partir del próximo año. De los 150.000 coches previstos inicialmente se habría pasado a una cifra en torno a los 300.000. Se trata de un volumen superior para una planta mediana dentro del sector de la automoción como es la de Barcelona, que podría asumir hasta 250.000 unidades si se realiza una importante inversión. GWM plantea destinar a la mejora de la planta en torno a 160 millones de euros.
Además, la dirección china considera que las inversiones para acondicionar las instalaciones son mayores que las previstas, que las ayudas públicas no irían en la línea de lo que necesitan y que las condiciones pactadas con la plantilla estarían por encima de sus condiciones. Los negociadores temen que la compañía esté demandando mayores incentivos públicos en la recta final de la negociación, conocedora de la necesidad de cerrar un acuerdo acelerado.
Los sindicatos han reclamado que, si es necesario, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el consejero de Empresa, Roger Torrent, o el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, pidan una reunión con el presidente de GWM. La decisión se tendría que tomar en una semana.