Los problemas del ingreso mínimo vital
El Ingreso Mínimo Vital se concibió como la medida más contundente del actual Gobierno contra la pobreza y la exclusión. Pero no funciona bien. Vamos a ver por qué. Se destinó a los hogares sin ningún ingreso. Según la última EPA los hogares sin perceptores con ingresos eran 597.000 a comienzos de 2020, pasaron con el confinamiento a 670.900 y según el último dato eran 616.000.
De los 337.000 hogares atendidos, una parte relevante proviene de la incorporación automática de las ayudas por hijo a cargo a los hogares en pobreza extrema. De hecho, en 2020 el IMV supuso 411 millones y las prestaciones familiares, 1.801. La previsión para 2021 sería de 1.900 millones para el IMV y de 1.635 millones para las ayudas por hijo. Un incremento importante, pero todavía distante de expectativas que preveían el triple.
Se han presentado casi 1,5 millones de solicitudes al IMV. Podemos aceptar que medio millón tenían ingresos superiores a los requeridos, pero siguen quedando al menos 400.000 con otros motivos de denegación. Uno de ellos, la demostración de la residencia. A pesar de las bienintencionadas y numerosas correcciones de la norma, queda el espinoso tema del sinhogarismo, de aquellos que viven en la calle o en casas de amigos o familiares (los solicitantes no suelen ser propietarios ni inquilinos con contrato), y a esos efectos se dictaron resoluciones que intentaban flexibilizar el empadronamiento.
Pero no se modificó el artículo 19.3 de la ley: “El domicilio en España se acredita con el certificado de empadronamiento”. Los responsables de esta acreditación son los secretarios de los ayuntamientos. Muchos se resisten, razonablemente, a extender un certificado que acredite la permanencia en situaciones tan volátiles. La falta de certificado provoca la inadmisión de la solicitud, y eso se utiliza por comunidades como Castilla y León para congelar sus propias ayudas, con lo que las personas con mayor riesgo de pobreza pueden incluso estar peor.
La debilidad de los servicios sociales de base y la falta de presencia física de empleados públicos han dificultado el indispensable asesoramiento. Los problemas se han salvado con soluciones “particulares”, que ocasionan diferencias territoriales, cuando el IMV se gestionaba por la administración de la Seguridad Social para garantizar precisamente la uniformidad estatal.
Ahora el Ministerio va a poner en marcha un acuerdo al que llegó hace meses con las ONG para que colaboren. Enhorabuena, pero no es suficiente. O se modifica la ley para que los certificados de los servicios sociales municipales tengan validez a falta de empadronamiento y se llega a un acuerdo con ayuntamientos y comunidades autónomas para llegar a todas las personas en riesgo de pobreza o exclusión social o el IMV seguirá otorgando una protección parcial al colectivo.