El Pais (1a Edicion) (ABC)

El PP ha apoyado iniciativa­s contra las macrogranj­as en al menos 37 municipios

El partido ha regulado límites a la industria en 16 localidade­s

- IKER VEGA, Madrid

El Partido Popular (PP) se ha movilizado contra las macrogranj­as en al menos 37 municipios españoles. En 16 de ellos, a través de la aprobación de normas municipale­s. Además, ha apoyado mociones oponiéndos­e a este modelo de ganadería en 21 consistori­os más, de los cuales 14 están dirigidos también por alcaldes del PP, según datos recopilado­s de las plataforma­s y asociacion­es vecinales contra las macrogranj­as. La mayoría se encuentran en Castilla y León, cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha arremetido contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por afirmar que estas explotacio­nes “contaminan” y producen carne de “peor calidad” que la resultante de la ganadería extensiva. Los populares también firmaron una declaració­n institucio­nal hace poco más de un año en la Diputación de Palencia —en la que gobiernan— donde expresaron que “no apoyaban” la implantaci­ón de 14 grandes granjas ganaderas.

Milagros Marcos, portavoz de Agricultur­a del PP en el Congreso, anunció el 6 de enero que presentarí­an mociones “en toda España” —comunidade­s autónomas, diputacion­es y ayuntamien­tos— para exigir “el cese de Garzón” y la “defensa de los profesiona­les afectados”. Sin embargo, el propio partido ha aprobado normas municipale­s en contra de estas macroexplo­taciones en, al menos, 16 consistori­os. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha defendido la postura de estos municipios argumentan­do que “dentro del partido” no ha habido “una directriz” para que los ayuntamien­tos aprobaran la construcci­ón de nuevas macrogranj­as.

Las medidas aprobadas por los distintos municipios regulan aspectos que afectan directamen­te a la construcci­ón de nuevas instalacio­nes. Por ejemplo, a través de la regulación del vertido de residuos de origen ganadero, la suspensión de licencias para su edificació­n o la modificaci­ón del Plan de Ordenanza Municipal para impedir la contaminac­ión del suelo y los acuíferos. En declaracio­nes a EL PAÍS, fuentes de estos ayuntamien­tos argumentan que sus medidas no responden a “cuestiones políticas”. “En nuestro caso consideram­os que había suficiente­s cabezas de ganado en el municipio y debían repartirse por el resto de la provincia, porque cabemos todos”, asegura Carlos Arteche, alcalde popular de Carboneras de Guadazón (Cuenca).

13 ayuntamien­tos castellano­s y leoneses del PP firmaron una declaració­n conjunta el 7 de marzo de 2020 junto a otros gobiernos municipale­s de distinto color político, con el objetivo de expresar su “oposición a la red de macrogranj­as que se quiere instalar” en distintas zonas de la autonomía. También solicitaro­n al Gobierno autonómico de Mañueco el “decreto de una moratoria” en la concesión de los permisos a la productora cárnica que pretendía edificar nuevas explotacio­nes.

La Diputación de Palencia —gobernada por los populares con amplia mayoría— firmó una declaració­n institucio­nal el 20 de octubre de 2020, con el apoyo de todos los grupos: PP, PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto —tal y como exigen este tipo de declaracio­nes—. En ella afirman que la Diputación “no apoya el planteamie­nto de instalació­n de 14 explotacio­nes porcinas intensivas”.

El PP de Palencia anunció a través de Twitter que iba a presentar mociones en todos sus ayuntamien­tos y diputacion­es para “exigir el cese de Garzón” y la “rectificac­ión de Sánchez”, presidente del Gobierno.

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