La justicia para una granja de 48.000 pollos
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió una sentencia que cuestiona rotundamente la política llevada a cabo por la Xunta respecto a la ganadería intensiva, asunto que ha marcado la semana política y que llevó ayer a Pablo Casado a visitar una granja en Ávila. El tribunal anuló la evaluación de impacto ambiental con la que la Consellería de Medio Ambiente dio luz verde en 2019 para que una granja “vinculada dentro del grupo Coren” —uno de los mayores productores de pollos, huevos y derivados del porcino en España— doblase su capacidad de cría en un entorno supuestamente protegido por varias figuras ambientales y próximo a Rairiz de Veiga (Ourense).
La autorización autonómica había permitido duplicar la capacidad de una granja, desde los 22.932 pollos hasta los 47.970. Esta cantidad se renueva media docena de veces al año (seis ciclos de cría) y en cada ejercicio, recoge el fallo judicial, suma 287.820 aves despachadas desde una sola empresa.
salvo una partida de nueve millones de Trabajo, una cantidad muy pequeña en el mar de los fondos. Esa partida es la discutida por la Comunidad de Madrid que ha llevado al Supremo.
La estrategia no sorprende en el PSOE, la eurodiputada socialista y ponente del reglamento que regula las ayudas, Eider Gardiazabal, señala que “no hay reunión en la comisión de seguimiento [de la Eurocámara] en que los españoles del PP” no hagan preguntas tratando de sembrar dudas sobre el plan de recuperación español, cuando, recuerda, fue valorado como sobresaliente por la Comisión Europeo y es el primero que ha recibido fondos. “Esto no tiene ni pies ni cabeza. Da vergüenza ajena. No se ven en otros países, algo similar, aunque a mucha menor escala, pasa a veces con los polacos”, apostilla.