Daimiel se rebela contra la ganadería superintensiva
El Ayuntamiento popular de la localidad castellano-manchega prohíbe instalar superexplotaciones de cerdos
Julián García de la Galana, de 72 años pasea por su finca, en Daimiel (Ciudad Real), y a su alrededor todo es silencio. “Me gusta venir todos los días desde el pueblo a plantar mis hortalizas”, comenta este jubilado, que solía regentar un pub en el centro de la localidad, de 18.000 habitantes. A menos de un kilómetro, saltan a la vista las instalaciones de la granja apícola que estuvo a punto de convertirse en una macrogranja de cerdos. “Si se hubiera aprobado, todos los que teníamos casas alrededor las tendríamos que haber abandonado”, afirma. La más cercana de la centena de viviendas de alrededor está a unos 200 metros, y las naves apenas distan dos kilómetros del casco urbano. El promotor de la granja, de la empresa murciana Bibiano y Cía, presentó en julio de 2018 una solicitud para transformar la explotación apícola en una porcina intensiva, pero el Ayuntamiento y la movilización popular paralizaron el intento.
“Además de los malos olores, para el suelo y el acuífero es criminal”, se indigna Julián. Se refiere al acuífero Sistema 23, asentado sobre más de una veintena de municipios de la región, y al Parque Nacional Tablas de Daimiel. Ya en 2014, la Confederación Hidrográfica del Guadiana calificó las aguas subterráneas de Daimiel y del acuífero “zona de riesgo de no alcanzar el buen estado”, y clasificó la calidad general de las aguas como “inadmisible”. Ante la posibilidad de que la situación empeorase con el macroproyecto, Varios vecinos más de la zona constituyeron, en 2020, la organización Stop Macrogranjas de Daimiel. “La pandemia hizo que las movilizaciones fueran sobre todo simbólicas”, expone María Antonieta Martín, portavoz de la agrupación. Sin embargo, la campaña tuvo una gran acogida popular y se consiguió reunir más de 5.000 firmas. El proyecto porcino también se encontró con la oposición de los tres grupos del Ayuntamiento, PP —que gobierna con mayoría absoluta— PSOE e IU.
“La solicitud era para instalar 1.980 cabezas de cerdo, y eso nos puso en alerta porque en las naves cabían más de 4.000”, argumenta Javier Fisac, concejal popular de medioambiente. La barrera de las 2.000 es clave, porque el procedimiento por encima de ese umbral requiere más documentación y mayores garantías, que el promotor no ofreció, por lo que el expediente se archivó.
Posteriormente, en diciembre pasado, el consistorio modificó el planeamiento urbanístico para evitar que en el futuro otra granja tuviera más éxito. Tras el visto bueno de la Junta, la nueva normativa entró en vigor el pasado 23 de diciembre. Daimiel se convirtió así en el primer municipio en prohibir este tipo de instalaciones.