Siete años de cárcel por el ‘caso ERE’ para Antonio Fernández
El exconsejero andaluz es condenado por malversación, prevaricación y falsedad
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla dictó ayer la segunda sentencia vinculada a la trama de ayudas fraudulentas de los ERE. El tribunal condenó al exconsejero socialista de Empleo de la Junta Antonio Fernández a siete años de cárcel por las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), al considerarle autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso con otro de malversación de caudales públicos, por su intervención en la concesión de 2,9 millones de euros a esa compañía alimentaria.
El tribunal impuso también al exconsejero socialista otra pena de inhabilitación absoluta de 17 años y 15 días. Fernández ya había sido condenado por la Sección Séptima a otros siete años y 11 meses de prisión por malversación y prevaricación continuada en la pieza política de los ERE, en noviembre de 2019. Este tribunal concluyó entonces el macrojuicio con penas de prisión e inhabilitación a dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a 11 ex altos cargos de Gobiernos socialistas.
El exconsejero de Trabajo entre 2004 y 2010 tiene pendientes además varias causas por otras piezas del mismo caso de corrupción. Su defensa recurrió su implicación en el proceso por las ayudas a Acyco alegando que la Sección Séptima había excluido a los ex altos cargos condenados en la causa política por entender que no podían volver a ser juzgados por los mismos hechos, pero la Sala Tercera rechazó esa cuestión previa.
Además de Fernández, también fue condenado a cuatro años de cárcel y a 10 de inhabilitación absoluta el ex director general de Trabajo, Juan Márquez. Cinco implicados ajenos a la Junta también fueron sancionados con penas de entre dos y cinco años de prisión, mientras que otros tres antiguos altos cargos de la Administración —el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el exdirector de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de la agencia IFA-IDEA, Miguel Ángel Serrano— salieron absueltos.