Prisión para un mando de la Guardia Civil por cobrar del narco
Francisco García Santaella recibe una pena de siete años de cárcel
La Audiencia Provincial de Granada ha condenado a siete años y tres meses de prisión y a una multa de 6,1 millones de euros al excoronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella, de 64 años, por un delito contra la salud pública –colaborar con narcotraficantes para permitir la entrada en España de casi 4.000 kilos de hachís a través de la costa granadina– y de cohecho cometido como funcionario público, ya que recibió 120.000 euros y un vehículo de los traficantes a los que facilitó la entrada de la droga procedente de Marruecos.
La Audiencia granadina juzgó los hechos en julio de 2019 y, en septiembre de ese año, emitió una sentencia por la que absolvía al exmando de la Guardia Civil porque, aunque consideraba probados los hechos referidos a las drogas, los daba por prescritos. Sin embargo, en lo referente al cohecho —aceptar dinero como funcionario para realizar o permitir actividades contrarias al ejercicio de la ley o la Administración—, el tribunal consideraba que no estaba probada la contraprestación económica. Aducía para ello falta de credibilidad de quienes habían declarado haber pagado el dinero al agente, los narcotraficantes.
La Fiscalía, la defensa del agente y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ha ejercido la acusación particular en este proceso, recurrieron esa sentencia ante el Tribunal Supremo que, en noviembre pasado, obligó a la audiencia a volver a deliberar y emitir una nueva sentencia.
En esta segunda deliberación se ha producido la nueva condena, que reparte las penas en cinco años de prisión y seis millones de euros de multa por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, y dos años y tres meses de cárcel y 120.000 euros por un delito de cohecho. Esta sentencia puede ser recurrida de nuevo ante el Tribunal Supremo.
Francisco García Santaella era en 2006, año en el que se cometieron los delitos, jefe de la de la policía judicial en Granada, “con funciones de dirección y coordinador del equipo delincuencia organizada y antidroga”, narran los jueces. Se considera probado que el agente acordó con dos traficantes un plan para permitir la entrada de una importante cantidad de droga a través de una playa cercana a Motril (Granada).