Política contra la historia

Tornarem a fer història”, es decir, “volveremos a hacer historia”. Ese era el eslogan de la campaña de la Generalitat para promocionar la candidatura frustrada de los Juegos de Invierno. La retórica era épica como la de tantos lemas del procés, pero esa variante del make again miraba todavía más atrás. Hacia el 92. Hacía ese momento de éxito y mito cuando la política, con una amplísima complicidad ciudadana, sí lideró un proyecto transformador que tuvo las Olimpiadas de Barcelona como activador principal.

En el anuncio se encadenan escenas en las que los protagonistas levantan la cabeza para contemplar el cielo. Un pastor, dos familias de mediana edad con hijos pequeños, una pareja que practica senderismo y otra que acampa en un prado, una mujer que teletrabaja con vistas al monte, un repartidor y una tendera que barre el trozo de una calle de pueblo, y solo una esquiadora. “Un nuevo horizonte se vuelve a dibujar en el horizonte de nuestro país”. Los Juegos de 2030 como un retorno de la esperanza: de evitar la despoblación, de convivencia armónica con la naturaleza, de progreso económico para la entelequia que es la clase media trabajadora.

La campaña de publicidad tenía como objetivo primero motivar a los ciudadanos del Pirineo para que votasen en el referéndum previsto sobre si apoyaban o no la candidatura. La CUP y la plataforma opuesta a su celebración se plantearon denunciar la campaña ante el Defensor del Pueblo catalán y la Oficina Antifraude al considerar que orientaba el sentido del voto. También se hizo una petición oficial para saber cuánto había costado la difusión. La respuesta se registró el 29 de julio y la recibió una Mesa del Parlament que vivía horas traumáticas: la mayoría había tenido que suspender a la presidenta Borràs en virtud de un artículo que empezó a discutirse en la propia Cámara en 2014, cuando cinco parlamentarios de diversos partidos estaban imputados y la corrupción era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. La cifra solicitada sobre el coste de la propaganda se dio a conocer el pasado lunes: 329.682 euros. No tengo ni idea de si es poco o es mucho. Lo que sí sé es que ha sido un dinero gastado para nada. No es que la consulta no se haya realizado, es que ni fue convocada. Años de informes y reuniones, viajes y polémicas (incluidas las clásicas interterritoriales y las ya habituales escuchas policiales filtradas a la prensa), tanto tiempo invertido y no habrá candidatura.

Es un gatillazo carísimo que ejemplifica como pocos la parálisis catalana: una incapacidad para recuperar la autoridad política que permita no solo liderar un proyecto transformador y convertirlo en realidad. Las causas de esa