El abogado de Luis Lorenzo denuncia la investigación
La defensa del actor señala “diligencias realizadas sin orden judicial”
El próximo 15 de septiembre declararán en el Juzgado de Instrucción 9 de Arganda del Rey (Madrid) los médicos que atendieron a Isabel Suárez Arias, la tía de Arancha Palomino (esposa del actor Luis Lorenzo), que falleció el pasado 28 de junio de 2021 en circunstancias que aún siguen sin aclararse y que han llevado a la Guardia Civil a acusar de homicidio al matrimonio. El móvil del supuesto crimen: la herencia de la anciana, de 85 años. El arma: veneno (la autopsia determinó la presencia de grandes cantidades de cadmio y manganeso en el cuerpo de la fallecida). Sin embargo, la defensa de la pareja, dirigida por el abogado Francisco Pérez Platas, acaba de presentar un escrito pidiendo la nulidad de buena parte del procedimiento judicial por considerar que, tras una investigación de más de un año desarrollada por el grupo de homicidios de la Comandancia de Madrid, se han cometido “graves irregularidades” y se han practicado “numerosas diligencias sin control judicial” y sin conocimiento de los acusados tras su detención, el 25 de mayo, en su casa de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
Por otro lado, y respecto a la parte troncal de la investigación, varios médicos forenses declararon en sede judicial que la presencia de altas dosis de cadmio y manganeso en un cadáver puede deberse a un proceso bioquímico interno post mortem, y no a un envenenamiento con metales pesados. En el registro posterior de la vivienda, no fueron hallados esos metales, salvo en un bote de tinte, donde es habitual que se encuentren, según el informe del laboratorio de criminalística.
Estas son las supuestas irregularidades denunciadas por la defensa:
Diligencias ampliatorias. Se refieren a las exploraciones efectuadas a los hijos de 10 y 11 años del matrimonio; de las manifestaciones
tomadas a algunos familiares y a la funeraria, y de datos de posicionamiento de teléfonos. Según la defensa, la ampliación de las diligencias era “innecesaria” y nada aportan a la investigación, pero, sobre todo, “han de venir justificadas por la aparición de nuevos hechos”, que considera que no han existido. Según el escrito, estas diligencias se realizaron “como contestación a la línea de defensa de los investigados”. El escrito califica el informe de la Guardia
Civil de “subjetivo, parcial y sesgado”, y denuncia que tiene un “tono acusatorio”.
Sin control judicial. Según la defensa, las diligencias ampliatorias se han hecho “careciendo de cualquier tipo de control judicial, transgrediendo de esta forma el ejercicio del derecho a la defensa”. Máxime, en el caso de la exploración de los menores (los hijos de Palomino y Lorenzo): “La instructora manifestó no tener conocimiento de esas diligencias policiales”. Además, añade que son numerosas las manifestaciones recogidas por la Guardia Civil a lo que llaman “personas del entorno de Grado” —la localidad asturiana donde solía vivir la anciana— que, según la defensa, “se han practicado sin ser acordadas por la autoridad judicial ni el Ministerio Fiscal”.
Los cotilleos de los vecinos.
La defensa denuncia “la falta de rigor y seriedad” de la investigación por incluir unas grabaciones obtenidas en un grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos de Rivas-Vaciamadrid donde vive la pareja. Además, al contener conversaciones privadas, aduce que vulnera el derecho a la intimidad.
Familiares y ex. Los investigadores tomaron declaración al exmarido de Palomino, a la madre y a la hermana de este. Una familia con la que la acusada ha mantenido un contencioso judicial que llevó al padre de su hijo a prisión. “Fue condenado a 22 meses de cárcel en marzo de 2012 como autor de dos delitos de maltrato en el ámbito familiar”, dice el escrito. “Dichos testimonios, además de ilícitos, injustificados e irrelevantes, resultan manifiestamente tendenciosos”, señala, “ya que nada pueden aportar en una investigación de un presunto asesinato”.
Exploración de menores. Tienen 10 y 11 años y son los hijos de Palomino y Lorenzo, ambos concebidos con otras parejas. Estaban en la casa el día que falleció Isabel y convivieron con la anciana en la vivienda familiar de Rivas-Vaciamadrid. Las exploraciones “fueron realizadas sin autorización judicial, fuera del proceso y, por ende, sin intervención de las defensas”, como advirtieron en varios escritos ante la instructora, que alegó que “dicha diligencia tenía carácter policial y no judicial”. Según la defensa, “el actuar de la policía judicial tiene que venir siempre amparado por una previa decisión judicial”. Uno de los menores fue entregado a su progenitor, que lo llevó a 400 kilómetros de distancia (Avilés), pese a que existía un régimen de visitas establecido tras ser condenado por maltrato familiar.