Cala Mosca, una playa virgen de Alicante amenazada por el ladrillo
El Ayuntamiento de Orihuela intenta frenar la construcción de 2.200 viviendas en el último kilómetro sin urbanizar al sur de la ciudad levantina
El proceso de desaparición de la última playa intacta del extremo sur de la provincia de Alicante está a punto de comenzar su cuenta atrás. La empresa promotora Gomendio ya dispone de todos los informes administrativos favorables para levantar en el entorno de Cala Mosca, en Orihuela (Alicante), más de 2.200 viviendas en lo que en la ciudad alicantina se conoce como el último kilómetro de costa virgen de su término municipal, un proyecto que cuenta con un gran rechazo social, pero con todos los papeles en regla.
Para tratar de evitarlo, la alcaldesa oriolana desde abril, Carolina Gracia (PSOE), ha lanzado esta semana la propuesta de creación de una mesa de negociación, que pretende unir a los partidos con representación municipal, la Generalitat y la constructora, con el fin de explorar por la vía política posibles alternativas para que el entorno natural frente al mar no se esfume entre miles de kilos de hormigón.
El proyecto de Alameda del Mar, la urbanización de Cala Mosca ideado por la empresa constructora, nació a mediados de los noventa, cuando el Ayuntamiento que entonces encabezaba el alcalde Luis Fernando Cartagena (PP) modificó la calificación del suelo comprendido
entre Cabo Peñas y Playa Flamenca, dos puntales de la costa oriolana, situada a 30 kilómetros del casco urbano de la ciudad. La idea era levantar más de 2.200 viviendas en una parcela de 240.000 metros cuadrados en primera línea de mar. Los diferentes procesos administrativos dilataron el plan, hasta que en 2007 otra alcaldesa del PP, Mónica Lorente, introdujo una modificación del plan parcial urbanístico que metió por primera vez las máquinas en la playa.
Tres años después, el partido político Claro, una agrupación independiente creada por ciudadanos de Orihuela Costa, recogió 7.000 firmas contra la urbanización para entregarlas a Bruselas. La Unión Europea paralizó el proyecto para asegurar que se respetaban los procedimientos de salvaguarda medioambiental y de protección de dos especies amenazadas, el caracol Tudorella mauretanica ,un molusco, y la llamada jarilla cabeza de gato (Helianthemum caput-felis), una planta de flores amarillas. Los dos grandes protagonistas de esta historia.
Las idas y venidas en los despachos y los juzgados fueron constantes desde 2010 y Gomendio siempre salió airosa de los litigios. Pero la clave permanente está anclada en la salvaguarda del pequeño caracol y la planta silvestre. El pasado 19 de julio, la promotora de la urbanización consiguió dejar fuera de juego a todos sus rivales administrativos, sociales y políticos. La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana dictó una resolución para declarar el cumplimiento de las condiciones en materia de tutela efectiva de las dos especies protegidas en la zona.
El caracol protegido
“Esta resolución favorable es el último paso para la aprobación definitiva de la modificación del proyecto de urbanización por parte del Ayuntamiento y permitirá el reinicio de las obras, que se paralizaron en 2007”, asegura la constructora. Para conseguir el aval de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, que gestiona Mireia Mollà (Compromís), Gomendio ha cedido 60.000 metros cuadrados en primera línea de costa a la Administración para proteger la jarilla cabeza de gato. También se compromete a remodelar y diseñar accesos, a erigir un vallado perimetral que impedirá el acceso de vehículos, personas o animales y a incluir una reserva de fauna para garantizar la conservación de la población del caracol.
Con el dictamen favorable de la Generalitat, las excavadoras calientan en la banda. “Tras la resolución de la consejería”, admite la alcaldesa, “el expediente
La empresa inició las obras en 2007 y se pararon tres años después
Los planes tuvieron que modificarse para salvar dos especies protegidas
administrativo sigue su curso”. “La empresa anunció que registraría el proyecto de urbanización de la zona”, explica la edil, “y después vendría la redacción del informe técnico y su tramitación en el pleno municipal”.
Gracia sostiene que la negociación política con la constructora es la única posibilidad de “ofrecer alternativas para que el espacio virgen no desaparezca”. “Orihuela es grande y cabe una solución”, sentencia. “Queremos adaptar el derecho adquirido por la empresa para construir la urbanización en otro espacio del término municipal”, dice la alcaldesa. Sin que se haya formalizado por escrito, las alternativas consisten en ofrecer una compensación económica, algo que según Gracia, “habría que abordar con otras administraciones”, o permutar la parcela con otras distribuidas por el término municipal.
La constructora, que ya ha recibido la invitación a participar en la mesa de negociación, supedita su presencia a que se concreten estas ofertas.
Mesa de diálogo
La reunión planteada por la alcaldesa sobre Cala Mosca es uno de los acuerdos que el PSOE y Ciudadanos lograron para recabarar el apoyo de Cambiemos (la marca de Podemos en Orihuela) y sacar adelante así la moción de censura por la que desbancaron al PP de la alcaldía el pasado abril. María García Sandoval, segunda teniente de alcalde y concejal de Cambiemos, declara que tras interponer su grupo municipal varias denuncias contra el plan “sin éxito”, el encuentro es el último clavo al que aferrarse para “intentar que se dé algún paso para frenar o cambiar el criterio” que hace avanzar el proceso y que, finalmente, “se pueda cambiar el uso de la parcela para que sea zona verde protegida”. Para García Sandoval, el plan de Alameda del Mar es un “atentado medioambiental” que afectaría aún más a la costa oriolana “que soporta una presión urbanística brutal”, y cuya población se triplica durante el verano.
El concejal de Urbanismo, José Aix (Ciudadanos), comenta que “la reunión es una buena iniciativa, pero falta la predisposición de todas las partes para
llegar a un acuerdo”. “Tenemos que explorar alternativas, pero cualquier cosa que se vaya a llevar a cabo debe contar con todas las garantías jurídicas y de protección del medio ambiente”, manifiesta Aix, que ya formó parte del equipo municipal cuando gobernaba el PP. “Si no se alcanza un acuerdo, tras el informe técnico, deberemos aprobar el proyecto, porque cuenta con todos los informes favorables”, reconoce, “y habrá que esperar que al menos genere un impacto
positivo en lo laboral y en lo económico”.
Por su parte, el exalcalde popular, Emilio Bascuñana, califica la propuesta de “poco seria”. Pese a que su partido fue siempre el que facilitó el planeamiento de la urbanización de Cala Mosca se pregunta “a quién no le gustaría que una zona así siguiera siendo virgen”. Pero “hay unas normas y una legislación que cumplir, de lo contrario, se incurriría en el delito de prevaricación”, advierte. También alerta de que, en su opinión, en Orihuela “no hay capacidad de permutar, ni por asomo”, y que asumir el coste de la compensación “sería un disparate”, salvo que lo pagaran la Generalitat o el Gobierno de España.
Aguas residuales
Los principales afectados, los usuarios de las calas del entorno natural, no están invitados a la reunión negociadora. Ángel Barceló suele “buscar paz” en este litoral “natural de agua transparente, con poca accesibilidad y en la que no se producen llegadas masivas de bañistas”, con áreas donde se practica el naturismo y en la que existe una playa para perros. “Si se construyera, ambas opciones se perderían”, lamenta. Barceló es el secretario de la asociación Salvemos Cala Mosca, que lucha por preservar el espacio natural y “representa el rechazo social a la construcción”.
Los movimientos iniciales de la constructora tatuaron en la costa la delimitación de aceras e “instalaron unos centros de transformación para la distribución eléctrica que fueron saqueados al principio y que ahora están abandonados, destrozados” y, ocasionalmente, sirven de cobijo a personas que los ocupan.
Los miembros de la asociación auguran que “el mero paso de las máquinas afectará al entorno”, con lo que las dos especies protegidas seguirán amenazadas y, junto a ellas, otras como “el lagarto bético, los cernícalos que anidan en los acantilados o el erizo común”. Pero, además, están convencidos de que la costa está “saturada”, “carece de servicios” y “siempre ha estado dejada de lado” desde el Consistorio.
A juicio de Barceló, “en la gestión de aguas residuales, la depuradora no está proyectada para asumir la masificación de la costa con 2.200 viviendas más. Además, en Orihuela Costa “el mantenimiento de jardines es muy deficiente, como la recogida de basuras, con pocos contenedores y sin papeleras, se producen grandes atascos en la N-332 y con este proyecto se incrementará el paso de vehículos, y el servicio de transporte urbano es deficiente, largo y no respeta horarios”. Y sentencia: “Exigimos parar, respetar la calidad paisajística, las infraestructuras no dan más de sí”.
La alcaldesa, del PSOE, baraja la opción de permutar el polémico espacio “Hay unas normas y una legislación que cumplir”, opina el antiguo edil del PP