La Unión Europea se prepara para dar un impulso a las renovables
La Eurocámara vota la semana que viene elevar hasta el 45% el objetivo de energías limpias en 2030. España ha iniciado el proceso para incrementar sus metas de solar y eólica
La Unión Europea está inmersa en la revisión de sus normas para impulsar las renovables, una de las vías hacia las que la Comisión apunta como receta para moderar los precios de la electricidad y romper con la dependencia de los combustibles fósiles que tantos problemas está generando. En plena crisis energética, el Parlamento Europeo previsiblemente aprobará el miércoles su propuesta para fijar unos nuevos objetivos de fuentes limpias para finales de esta década. El texto, que se prevé que salga adelante, aboga por alcanzar en 2030 un 45% de cuota de renovables. Es decir, que el 45% de todo el consumo final de energía a finales de esta década provenga de fuentes limpias.
Alcanzar esa meta no es un reto menor, sobre todo si se tiene en cuenta que implica multiplicar por dos la cuota actual: el 22,1% de la energía consumida en los Veintisiete en 2020 fue de origen renovable —el 21,2% en el caso de España—. Pero a la necesidad europea de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma drástica para cumplir con sus compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático se le une también la obligación de romper con la dependencia de los combustibles fósiles, mayoritariamente importados.
La ley comunitaria del clima blinda el objetivo de reducción de las emisiones de efecto invernadero en la UE, que para 2030 deberán haberse reducido un 55% tomando como referencia las de 1990. Y, para ajustarse a esa meta, las instituciones tienen que modificar un buen número de directivas y reglamentos. La de renovables —que hasta ahora establecía una cuota de energías limpias del 32% para finales de esta década— es una de las más importantes.
Las negociaciones para cambiar estas normas son a tres bandas. Una vez que el Parlamento Europeo fije esta semana su postura, empezarán las discusiones entre la Eurocámara (que defenderá esa cuota del 45% de energías verdes en 2030), la Comisión Europea (que también aboga por el 45%) y el Consejo, el órgano en el que se sientan los líderes de los Veintisiete, tradicionalmente menos ambicioso. De momento, este último defiende una cuota del 40%. “Sería una mala señal que los gobiernos no se muestren en estos momentos ambiciosos; creo que el resultado final estará más cerca del 45% que del 40%”, sostiene Nicolás González Casares, europarlamentario socialista que ha participado en la gestación del documento que el pleno del Parlamento Europeo vota esta semana.
El texto de la propuesta que se votará el miércoles ya ha pasado por la comisión de energía de la Eurocámara, con el apoyo de una amplia mayoría: socialistas, populares, Verdes y Renew (liberales). “La propuesta del Parlamento no difiere mucho de la de la Comisión”, explica González Casares. Además de fijar el objetivo general de implantación de renovables, la directiva establecerá algunas metas sectoriales, como medidas para impulsarlas en la edificación, el transporte y la industria. Se intenta, también, promocionar el hidrógeno generado a partir de fuentes renovables.
Según los cálculos de Casares, la nueva directiva —que también deberá incorporar medidas para agilizar la implantación de eólica y fotovoltaica, cuyos proyectos en muchas ocasiones se eternizan— podrá estar lista en enero o febrero del próximo año.
Aceleración del cambio
Aunque esta norma no fijará objetivos nacionales concretos, como sí ocurría hasta 2020, su aprobación tendrá un impacto importante sobre las políticas nacionales: todos los países de la UE tendrán que endurecer sus metas. El principal instrumento para hacerlo son los planes nacionales integrados de energía y clima, en los que los Veintisiete plasman sus hojas de ruta para esta década. Fiscalizados por la Comisión Europea, deben actualizarse antes del 30 de junio del año que viene. Para entonces ya se espera que esté aprobada la nueva directiva de renovables y, por tanto, se habrán fijado los nuevos niveles de energías verdes.
Aprobada en mayo de 2021, la ley española de cambio climático establece también que el próximo año se deben actualizar al alza los objetivos de recorte de emisiones e implantación de renovables. La norma actual obliga a recortar en un 23% las emisiones de efecto invernadero en 2023 respecto a las de 1990. Para entonces, además, el 42% de la energía final consumida deberá ser de origen renovable, una cifra que deberá alcanzar al menos el 74% en el sector eléctrico.
Esos mismos objetivos están recogidos en el actual Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Cuando España presentó el documento, algunas voces pusieron en duda que fuera posible cumplirlo. Los hechos, sin embargo, parecen discurrir por otro raíl: hoy —algo menos de dos años después y pandemia y crisis energética mediante— esta hoja de ruta se encamina a una revisión al alza.
El Ministerio para la Transición Ecológica abrió en agosto una consulta pública para la actualización de ese plan. El proceso se cierra el próximo jueves. Pero el departamento que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera incide en que “los objetivos de renovables se van a incrementar al alza”. Los motivos de esa rotundidad son múltiples. “La normativa europea impulsa a alza la penetración de renovables. Hay que incorporar el hidrógeno, hay que tener en cuenta el impacto del plan europeo de recuperación —que destina más del 40% de los fondos al impulso a la transición ecológica— y también la aceleración del cambio de modelo energético que provocan muchas medidas adoptadas pa
El objetivo de emisiones duplica la cuota anterior “Hay que acelerar los permisos y aumentar la aceptación social”