La pelea de las minorías para que las dejen votar
Los sectores más desfavorecidos prefieren ir por adelantado a las urnas, opción que los republicanos buscan restringir
A la familia de Jasmine Bowles le gusta votar por anticipado. A poder ser, el mismo día en que abren las urnas. De modo que abuelos, madre e hija quedaron el lunes 17 de octubre para cumplir con su deber electoral en un polideportivo del condado de Clayton, al sur de Atlanta, en el disputado Estado de Georgia. Además, Jasmine, la hija, estaba en la papeleta. Busca la reelección como miembro de la junta escolar de su distrito en las elecciones legislativas que se celebran el martes en EE UU para renovar centenares de cargos, además de la totalidad del Congreso y un tercio del Senado.
“Venir pronto es importante”, dijo esta activista afroamericana mientras esperaba su turno. Al salir, estaba feliz por haber empleado media hora, más tiempo del que esperaba, en el proceso. “Presiento que la participación será alta, pese a los intentos republicanos de suprimir la voz de los que son como nosotros”, añadió, en referencia a una restrictiva ley electoral estatal de 2021 que endurece los requisitos para votar y que afecta sobre todo a las minorías y a los sectores más desfavorecidos. Esas minorías, como Bowles, suelen elegir demócrata.
Las colas empezaron ese primer día a las 7.00 (hora local) en un colegio del condado de Dekalb, y se repitieron en media docena de lugares visitados por EL PAÍS, repartidos por zonas urbanas de los alrededores de Atlanta. A ellos acudieron ciudadanos que no querían dejarlo “para el último minuto” y preferían “evitarse las esperas y los sustos”. Al contrario que en otros países, como España, la jornada electoral no es festiva en Estados Unidos. Tampoco se concede permiso a los trabajadores para ausentarse del puesto e ir a las urnas.
El presentimiento de Bowles fue bueno; hasta el miércoles pasado, dos millones de personas votaron por adelantado o por correo
en Georgia, medio millón más que a la misma altura de la campaña de las últimas elecciones de medio mandato, en 2018, pero 1,2 millones por debajo que la marca de las presidenciales de 2020, cifra de la que hay que descontar el efecto de la pandemia en su apogeo. Esta empujó a un 70% a pronunciarse por anticipado para evitar aglomeraciones.
Tanta precaución convirtió entonces a Georgia, que fue decisiva en el triunfo de Joe Biden, en un campo de batalla. Donald
Trump pasó toda su campaña presidencial advirtiendo de que facilitar el voto por adelantado solo era un subterfugio para robarle las elecciones, que perdió porque aquí votaron demócrata. Aún se niega a aceptar ese resultado, pese a que sus teorías se han demostrado una y otra vez falsas. Eso también da igual: dos terceras partes de los republicanos aún creen que Biden no ganó limpiamente.
Los intentos del expresidente republicano y sus colaboradores
de subvertir aquella elección aún siguen vivos en las sospechas de sus seguidores, así como en una investigación de la fiscal del distrito del juzgado del condado de Fulton, el más poblado de Georgia, y en la comisión del Congreso que indaga el asalto al Capitolio. Una de las piezas esenciales de ambas pesquisas es la famosa llamada de teléfono de una hora de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que se vuelve a presentar. Le dijo: “Solo necesito encontrar 11.780 votos; porque ganamos en el Estado”.
Tanto Raffensperger como el gobernador republicano, Brian Kemp, que también busca la reelección, resistieron las presiones, pero a los pocos meses este último pareció dar por buenas las dudas suscitadas por Trump al firmar la Ley de Integridad Electoral, que cambia las reglas del juego de 2020. Es la norma más famosa de la última oleada de ataques a los derechos civiles por todo el país: desde el principio de 2021, un total de 21 Estados han aprobado 42 leyes electorales que dificultan el acceso de las minorías a las urnas, según la entidad no partidista Brennan Center for Justice. De ellas, 33 están ya en vigor para la cita del martes.
Menos plazo
La ley de Georgia recorta el plazo para el voto por correo y obliga a acompañarlo de una copia impresa o escaneada de un documento identificativo válido. Reduce el número de colegios electorales y de casetas para depositar las papeletas, así como las horas para hacerlo. También elimina el domingo del calendario. Y, en el que tal vez sea su artículo más famoso, convierte en delito dar de comer o de beber a los votantes que estén haciendo cola para evitar que los activistas influyan en sus decisiones. En la jornada electoral de 2020, se registraron esperas de hasta nueve horas en los condados más poblados, que también son los más diversos racialmente y los que votaron en masa por Biden.
“Otro aspecto terriblemente lesivo es que permite a cualquier ciudadano poner en duda la legitimidad de otros votantes. De momento, se han recibido 80.000 denuncias”, explicó Xacota Espinoza, de la organización Fair Fight (lucha justa), en un mitin en Atlanta de su fundadora, la candidata demócrata a gobernadora, Stacey Abrams. “Los denunciantes suelen ser gente con vínculos con grupos de nega
cionistas electorales y conspiranoicos. En un 90% se desestiman esos recursos, pero hacen perder el tiempo a los funcionarios electorales, que tienen la obligación de investigar los casos inmediatamente”. El objetivo de esos grupos conservadores es doble: arrojar la sombra de la duda sobre un proceso imperfecto, y consumir recursos, lo que aumenta la posibilidad de que se cometan errores. Ese caos podría servir a los republicanos para cuestionar los resultados. Y Georgia no es su único campo de acción: también han lanzado denuncias masivas en Texas, Míchigan y Pensilvania.
La cara más visible de la lucha contra la supresión del voto en Georgia es la candidata Abrams. Según las encuestas, lleva las de perder contra el gobernador Kemp. Y eso que ella es un símbolo: resultó crucial en movilizar al electorado afroamericano en 2020, y Biden debe a su tenaz labor algo así como la mitad de su presidencia.
El Estado de Luther King
En la estela de su labor pionera han surgido desde 2020 varias organizaciones que trabajan en su misma línea. Una de ellas es Protect the Vote Georgia, que lidera la joven Hannah Gebresilassie. El primer día del voto por adelantado, salió a la calle para incitar a la participación a los estudiantes de la Universidad Emory, donde trabaja. Los jóvenes, según las encuestas, reflejan en las urnas su preocupación por asuntos de la agenda progresista, como el aborto o los derechos del colectivo LGTBI. “Mucha gente cree que la esclavitud terminó, pero no es verdad”, dijo Gebresilassie. “Sigue entre nosotros, como se puede comprobar en las tasas de desempleo, en los dispares niveles educativos o en la supresión del voto, que es una nueva forma de esclavitud. Todo tiene que ver con los cimientos imperfectos sobre los que se construyó este país. Y para cambiar eso, es fundamental que no pongan trabas al voto de las minorías”.
“Por ese pasado de lucha por los derechos civiles es especialmente terrible que tengamos que ver todo esto precisamente en Georgia”, explica Ricardo Ramírez, asesor del Brennan Center for Justice. Este es el Estado de Martin Luther King o de John Lewis. “Desgraciadamente, hoy se ha convertido en el lugar que simboliza cómo los sectores más conservadores están lanzando su ataque al corazón mismo de la democracia para no perder un poder que la lógica demográfica les advierte de que ya no tendrán”, añade Ramírez, que asegura que las elecciones de 2020 fueron “todo lo íntegras que pueden ser unas elecciones”. “Los que dicen lo contrario solo buscan crear una enorme desconfianza entre los ciudadanos. Y lo están logrando”.
En el equipo de los desconfiados juega Garland Favorito, fundador hace 16 años de VoterGA, “organización sin ánimo de lucro que vela por la integridad electoral en Georgia”. Este hombre blanco de 75 años estaba el 13 de octubre en ese mismo juzgado del área de Atlanta en que investigan a Trump, esperando el veredicto sobre una demanda que interpuso para cuestionar la legalidad del recuento de más de 3.000 votos en las primarias celebradas en mayo, que, aseguró durante un receso, “volvieron a registrar muchísimos problemas”. “En 2020 hubo múltiples fraudes e irregularidades que pudieron afectar al resultado. Creemos que hubo decenas de miles de papeletas falsificadas que no nos han dejado comprobar”. ¿No ganó entonces Biden? “No lo digo yo, lo ha dicho el comité judicial del Senado de Georgia: aquella elección nunca debió ser certificada. Pero no queremos revisar el resultado de 2020, sino entender qué pasó para evitar que se repita”.
Favorito prometió que estaría vigilante durante las tres semanas del voto adelantado, que acabaron ayer y han batido récords no solo en Georgia, sino en todo el país. Una encuesta de Gallup del pasado jueves fijaba en el 41% el porcentaje de electores que se decanta por esa opción en estas legislativas (frente al 37% de 2018). El sondeo también concluía que los demócratas se inclinan mucho más por este sistema (54%) que los republicanos (34%). En Georgia, no solo por motivos ideológicos. Las zonas que más decididamente apoyaron a Trump son las rurales; lugares como Glasscock, donde lo votaron un 89% de sus casi 3.000 habitantes (el porcentaje es parecido al de la población blanca).
La estampa que ofrecía este rincón del sur de Estados Unidos un sábado por la tarde —casas unifamiliares con jardín, maquinaria agrícola y una iglesia tras otra— no invitaba a pensar en aglomeraciones el día de las elecciones, y era desde luego muy diferente a la que brindaban los nueve condados, urbanos y diversos, a las afueras de Atlanta donde vive la mitad de los electores del Estado. Esas fueron las zonas que registraron las mayores colas.
42 leyes en 21 Estados dificultan el voto de estos colectivos
Una activista tilda esos impedimentos de “nueva forma de esclavitud”