Un jurado absuelve de malversación al exgerente de la Complutense
“No culpables los siete procesados” por malversación de caudales públicos acusados en el caso de la Universidad Complutense. Es el veredicto que emitíó ayer el jurado popular del juicio que durante un mes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, y en el que se ha escudriñado la contabilidad de la Universidad Complutense (UCM), sobre todo la del periodo 1995-2003. La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostenían que en esa época el entonces gerente de la UCM, Dionisio Ramos y su hermana María Isabel malversaron cerca de cuatro millones de euros en pagos discrecionales del dinero recaudado en los seis colegios mayores, fuera de los cauces oficiales de la contabilidad universitaria.
La Fiscalía pedía cuatro años para cada uno de los dos principales acusados, tres para los dos contables de los colegios y uno para cada uno de los tres subdirectores de tres de esas residencias. Pero la decisión del jurado, tras dos días de deliberación, ha sido unánime: “Absolución”.
Buena parte de la documentación de esos pagos se perdió, “desapareció”, aunque ni el exgerente ni su hermana, custodios de la misma, explicaron cómo ni por qué. Muy al contrario, culparon a la UCM, y concretamente al exrector Carlos Berzosa, que tomó posesión del cargo precisamente en 2003 de no haber aportado las pruebas de ese presunto uso desviado de los caudales públicos tras denunciar los hechos en 2006. Junto a la documentación aportada, Berzosa adjuntó una auditoría externa que constataba “falta de control en la facturación de los colegios mayores”.
El escolta de Tamayo
“La duda de donde fue a parar ese dinero no puede recaer sobre los acusados”, argumentaba el abogado, Luis Rodríguez Ramos, que dirige la defensa del exgerente. “No se ha podido probar que el dinero haya ido a parar a alguna parte que no sea la función pública”, insistía, incidiendo en que “por aquel entonces” la contabilidad de la universidad “era un caos, en general”.
Los recibos, cheques al portador, registros contables, y cuentas no oficiales, revelaron, sin embargo, que se realizaron pagos a directores y subdirectores de los colegios mayores, al escolta que protegió a los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras el llamado Tamayazo, a vicerrectores, al propio Dionisio Ramos o a un primo suyo, que nada tenía que ver con la institución universitaria.