La Generalitat valenciana aprueba un impuesto para las viviendas vacías
La reforma fiscal busca que los propietarios saquen los pisos al mercado
El Consell aprobó ayer un impuesto a las viviendas vacías para tenedores de más de 10 inmuebles, y otra serie de medidas con el objetivo de movilizar y sacar al mercado los pisos que llevan un tiempo deshabitados. El gravamen se incluye en el proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de 2023, cuya tramitación parlamentaria se inició la pasada semana. La Generalitat podrá ejercer además los derechos de tanteo y retracto sobre edificios residenciales de, como mínimo, cuatro viviendas para poder responder a situaciones de emergencia habitacional,
La Generalitat estimaba el año pasado que el número de casas que se podrían movilizar asciende a 15.000. La norma, que no estará en vigor hasta que lo apruebe el Parlamento autonómico, da a sus titulares seis meses para ponerlas a la venta, alquiler o ceder su uso. En el caso de que el inmueble permanezca deshabitado, la norma establece multas mensuales, que irán a actuaciones en materia de vivienda. La previsión, según la vicepresidencia segunda y Consejería de Vivienda, es recaudar a lo largo de 2023 unos 250.000 euros en concepto de multas si las viviendas no se ponen en circulación en un plazo de seis meses.
El vicepresidente segundo Héctor Illueca aseguró ayer en las Cortes, donde presentó las cuentas de Vivienda para el año próximo, que el Gobierno valenciano actuará “con contundencia” y aplicará las sanciones pertinentes.
Anunció además que el Consell ofrecerá una ayuda “automática” al alquiler para las personas que no hayan podido beneficiarse de una vivienda pública en los seis meses siguientes a su inscripción en el registro público autonómico. Esta línea de ayudas contará con dos millones de euros de presupuesto en 2023.
El proyecto de ley de acompañamiento sale adelante más vaciado de contenido que nunca, pues la reforma fiscal promovida por el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, y consensuada con sus socios en el Gobierno del Botànic, Compromís y Unides Podem, se regula con otros tipos de mecanismos legales.
Una parte de la rebaja del tramo autonómico del IRPF, que se aplica con carácter retroactivo a enero de 2022, una especie de deflactación, se regula a través de un decreto ley. La otra rebaja del IRPF que beneficiará a las rentas bajas y medias en 2023, el aumento del impuesto de Patrimonio y la creación de un nuevo tipo del Impuesto de Transmisiones, se han incluido en el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat. Y la bonificación del 99% del impuestos de Sucesiones para todas las empresas familiares, que defienden los socialistas y no comparten sus socios de Compromís y UP, se presentará por la vía de las enmiendas y podría salir adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos.
Emisiones de gases
Los llamados impuestos verdes, que gravarán las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por las empresas o la compra de vehículos contaminantes, están regulados en la ley de Cambio Climático pero no se aplicarán hasta 2025 de acuerdo a la moratoria pactada. Las empresas que inviertan en infraestructuras limpias podrán deducirse el gravamen a las emisiones.
La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Aitana Mas, explicó en la comparecencia posterior al pleno que se ha optado por no incluir la reforma fiscal en la ley de acompañamiento para permitir que una parte pudiera aplicarse ya en 2022, y para darle mayor entidad, al introducir en la ley de Presupuestos aquella parte que afecta a 2023. A su juicio, tiene sentido que una reforma fiscal como la planteada por el Consell “vaya en la ley troncal”, pero añadió que independientemente de en qué norma vaya, estas medidas se debatirán en las Cortes “de igual manera”, por lo que no se le impide a nadie opinar y presentar enmiendas.
Habrá ayuda al alquiler para los que estén más de seis meses en el registro