Oikos y la complejidad de perseguir los amaños
El juez del caso se va tras exculpar a casi todos los jugadores del Reus implicados en un presunto arreglo contra el Valladolid
D. ÁLVAREZ / Ó. L. FONSECA, Madrid A finales de mayo de 2018, varios amigos del barrio malagueño de El Palo recibieron un chivatazo sobre el resultado del partido Huesca-Nàstic. Apostaron y ganaron como nadie en España. La Policía Nacional tiró del hilo de aquel golpe de suerte con trampa y el asunto terminó, bajo el nombre de operación Oikos, sobre la mesa de Ángel de Pedro, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huesca, que un año después ordenó la detención de una decena de personas como parte de una supuesta red de amaño de partidos. El juez se vio enredado en una compleja causa en la que llegó a tener imputadas a más de medio centenar de personas. Después de tres años, De Pedro abandonó el pasado 14 de septiembre el juzgado y, con él, el caso Oikos. Se va con un auto que puede leerse como un legado para la magistrada que le sucede en el que detalla todo lo que ha aprendido estos meses sobre amaños y le avisa de la extraordinaria dificultad que entraña la persecución de la corrupción deportiva.
Nueve días antes de que el BOE diera oficialidad a su traslado al Juzgado 1 de lo Penal de Huesca, De Pedro dictó ese último auto en el que sobreseía la causa para 23 de los 25 futbolistas de la plantilla del Reus en la temporada 2016-17 pese a que parecía convencido de que muchos de ellos participaron en el supuesto amaño del partido que este equipo jugó contra el Real Valladolid en junio de 2017 y terminó con un 2-0 a favor del equipo catalán. Todo ello, presuntamente ordenado y pagado por el Huesca.
En las jornadas finales de aquella temporada, el Huesca y el Valladolid optaban todavía a la sexta plaza de Segunda, la última que daba derecho al playoff de ascenso. Según la investigación, el club aragonés, con la intervención de su presidente, Agustín Lasaosa, detenido en 2019 y aún investigado, pagó 250.000 euros a los jugadores del Reus por vencer al Valladolid. En su auto de despedida, el juez describe quién prestó el dinero en efectivo para ese pago, a cambio de qué interés, cómo se acordó el pago, dónde y cuándo se realizó, y dónde y cuándo se repartió al final el dinero entre los futbolistas.
Sin embargo, el relato del proceso, reconstruido por el juez a partir de mensajes intercambiados a través de WhatsApp, registros bancarios y una contabilidad manuscrita encontrada en el despacho de Lasaosa, no le resulta suficientemente sólido al propio magistrado. De Pedro resume su frustración en el auto: “Hay que tener en cuenta que en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos (amaños de partidos de fútbol) es muy difícil contar con prueba personal y directa, salvo que hubiese una confesión
“En estos delitos es muy difícil tener una prueba personal”, dice el magistrado
de un jugador o directivo de un club implicado. Lo habitual es contar con prueba indirecta o circunstancial, lo que exige un proceso intelectual complejo de reconstrucción de un hecho concreto a partir de una recolección de indicios (juicio de inferencia)”.
Lo que De Pedro echa en falta es lo que sí permitió la primera condena por amaños en España, dictada en 2020 en el caso Osasuna. El exgerente del club navarro Ángel Vizcay confesó que al final de las temporadas 2012-13 y 13-14 habían decidido pagar al Getafe y al Betis para que se dejaran ganar contra ellos, y al Valladolid, al Betis y al Espanyol para que ganaran a otros rivales, resultados que ayudarían a Osasuna. Un tribunal condenó a nueve de los 11 acusados, entre ellos dos futbolistas.
Raúl Bravo, aún en la causa
Además de la constatación de las dificultades, el juez reflexiona en su auto sobre si primar a terceros por ganar debe ser considerado delito: “A mi juicio, la conducta analizada es fraudulenta, no por la forma opaca en que se realiza, de forma no pública, con entrega
de dinero en efectivo no declarado, a través de intermediarios, o con facturas falsas para obtener la financiación, sino porque implica una transgresión de las reglas de juego de las que la propia competición se ha dotado”, escribe.
En su auto de despedida, De Pedro archiva la causa para 23 futbolistas de aquella plantilla del Reus, pero mantiene como investigados a Francisco Javier Atienza y Aritz López Garay, que según las investigaciones actuaron como presuntos intermediarios entre sus compañeros e Íñigo López, el exfutbolista del Huesca a quien la policía considera una de las piezas principales de la supuesta trama de amaños. También siguen en la causa los dos presuntos cabecillas, el exfutbolista del Real Madrid Raúl Bravo, que según la investigación financió el amaño del Reus y promovió algunos otros, y el también exfutbolista Carlos Aranda, también financiador como Bravo. El sumario identifica a Aranda como la persona que supuestamente avisó en su barrio, El Palo, de lo que iba a suceder en el Huesca-Nàstic.
El puesto de De Pedro lo ha ocupado la magistrada Sara Uriel, que el 26 de octubre, solo unas semanas después de asumir el caso, retiró a la SD Huesca su condición de investigada como presunta autora de posibles delitos tributarios y contables. De Pedro y la policía estaban convencidos de que el club había usado facturas falsas para que una empresa de construcción ayudara a blanquear el efectivo con el que pagaron el presunto amaño. Sin embargo, Uriel, después de consultar a la Agencia Tributaria, cree que no tiene suficientes indicios para seguir por esa vía.
Raúl Bravo y Carlos Aranda se mantienen como investigados