Obligaciones que pueden extenderse hasta siete años

El mecanismo que propone la Comisión en el documento de trabajo que se divulgará la semana que viene —y que está inspirado en el funcionamiento del Fondo de Recuperación— consiste en un plan de ajuste parcial de deuda con objetivos a medio plazo creíbles (a largo plazo siempre estará ese horizonte del 60%) que se negociará entre el Estado afectado y el Ejecutivo comunitario, y debe ser sancionado por el Consejo de la UE.

En principio, ese plan pergeñado por Bruselas duraría cuatro años, pero si el país involucrado se compromete con reformas y obligaciones puede extenderse hasta siete años, según las fuentes europeas contactadas por este periódico.

Esta prolongación es algo a lo que Bruselas da mucha importancia, ya que supone una implicación de los gobiernos nacionales y busca huir de la sensación de diktat más tecnocrático que democrático que se impuso durante la crisis del euro.

El pacto también cuenta con una regla que limitará el gasto público que puede financiarse con recursos propios de cada estado, es decir, excluyendo los fondos comunitarios. No obstante, en el capítulo de inversiones podrían quedarse fuera partidas que se destinaran a los objetivos que la Unión Europea ha señalado como preferentes: como son transición ecológica, revolución digital y defensa. Es decir, se trata de gasto que puede incrementar el crecimiento potencial de los países. A pesar de que fuentes comunitarias admiten que este argumento no es del todo aplicable al gasto en Defensa, sí recuerdan que esa partida está dentro de las prioridades de los Veintisiete, sobre todo tras la guerra en Ucrania.