Pablo Casado propone un “155 educativo”
El líder del PP, Pablo Casado, ofreció ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su apoyo para aplicar de nuevo en Cataluña el artículo 155 de la Constitución —que permite intervenir la autonomía— con el fin de hacer cumplir la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. Se trataría de una aplicación parcial de este artículo, solo para el ámbito educativo, afirmó el líder popular. “Le ofrezco nuestros senadores para que, si tiene que aplicar el artículo 155 solo en este ámbito educativo, lo haga”, dijo.
Casado descargó en Sánchez la responsabilidad de la “rebeldía” de la Generalitat ante la sentencia y le advirtió de que tiene la obligación de defender el fallo del Supremo o “podría estar prevaricando”. “Sánchez está obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales”, defendió. “Y si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Sánchez tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumpla la resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que según el Título VIII le son propias”.
—ahora hay una de lengua española, con cuatro horas de clase a la semana—.
Sin embargo, la Generalitat ha transmitido un mensaje claro de rechazo total al cumplimiento de la sentencia del Superior, que pone en entredicho el modelo de inmersión lingüística en catalán implantado en 1983, objeto desde entonces de numerosas sentencias contrarias tanto de tribunales ordinarios como del Constitucional. El Govern presidido por Pere Aragonès exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que le apoye en esta batalla. Políticamente, la coalición de gobierno PSOE-Unidas Podemos apoya a ERC y su política lingüística. De hecho, los Presupuestos de 2021 se aprobaron porque ERC logró incluir a última hora en la actual ley educativa, la llamada ley Celáa, esa defensa del catalán como lengua vehicular en Cataluña.
El Gobierno no ha cambiado de posición y defiende lo que dice la ley Celáa, esto es, que lo único importante es que los alumnos terminen el curso conociendo el catalán y el castellano, sin cuotas mínimas del 25% como las establecidas por el Tribunal Superior de Justicia. De hecho, el recurso de la Generalitat contra su sentencia, inadmitido por el Supremo, se basaba en la ley educativa del PP, la llamada ley Wert, derogada de hecho.
Sin embargo, una cosa es el apoyo político y otra respaldar el incumplimiento de una sentencia judicial. Ahí el Gobierno no acompaña a ERC. El consejero catalán de Educación, Josep González Cambray y la ministra, Pilar Alegría, han hablado para ver cómo gestionar la situación. El conseje