La Generalitat busca vías para incumplir la sentencia del catalán
ERC pide ayuda a La Moncloa, pero el Gobierno deriva la responsabilidad a la justicia
Justo cuando el Gobierno y ERC han sellado el pacto de Presupuestos que consolida la legislatura y refuerza su acuerdo, los tribunales han vuelto a abrir una brecha que puede tensar la cuerda entre ambos, aunque los dos sectores creen que se resolverá. La oposición eleva la presión sobre el Ejecutivo para que exija el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de diciembre de 2020 que obliga a la Generalitat a implantar un modelo educativo con un 25% de horas de enseñanza en castellano en Cataluña. La sentencia devino firme anteayer después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, rechazara, en una resolución de trámite en la que no entra en el fondo del asunto, el recurso de la Generalitat contra aquel fallo. El Govern —y en especial la consejería de Educación, en manos de ERC— asegura que no cumplirá la sentencia del tribunal autonómico y pide apoyo al Gobierno para esquivarla. Pero el Ejecutivo insiste en que no tiene ningún papel jurídico ni político en esta cuestión.
La Moncloa y el Ministerio de Educación han optado por agotar todo el margen que da la justicia antes de la ejecución de la sentencia —unos dos meses que se pueden alargar incluso casi hasta finales del curso escolar, según los cálculos del Ejecutivo— y esperar a ver si se halla una solución. En realidad, según fuentes del Gobierno, no sería tan traumático cumplir la sentencia: bastaría con poner una sola asignatura troncal más en castellano