La ejecución queda en manos del ministerio o de los “afectados”
El tribunal catalán decidirá en dos meses quién puede instar a que se cumpla el fallo
Manifestación en Barcelona contra el modelo de inmersión lingüística en septiembre de 2018.
ro asegura que la ministra le dio “garantías” de que el Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia del Superior. Fuentes del Ministerio de Educación aseguran que, cuando habló con González Cambray, la ministra no conocía los detalles de la resolución del Supremo y, por tanto, no podía comprometerse a nada así.
Llop: “El fallo es firme”
En algún momento, el Gobierno, que es parte en el proceso contencioso que inició la Abogacía del Estado en 2015 cuando gobernaba el PP, deberá tomar esa decisión: pedir o no la ejecución del fallo. La titular de Justicia, Pilar Llop, aseguró que “la sentencia se tiene que ejecutar porque es firme”, pero insistió en que es a los tribunales a quienes corresponde exigir que se cumpla, y no al Ejecutivo. El Gobierno espera que sea la Generalitat o las propias escuelas los que hallen la solución.
En cualquier caso lo más probable, dadas las fechas, es que la cuestión se dirima ya para el próximo curso escolar, y en el Ejecutivo insisten en que puede haber varias fórmulas para no llegar al peor escenario, esto es un procesamiento de los responsables de Educación de la Generalitat por incumplir una sentencia, algo que no sucede desde la crisis del procés en 2017.
ERC presiona al Ejecutivo para que le acompañe en su intento de no aplicar la sentencia. El president Aragonès pidió ayer al Gobierno que “actúe en consecuencia”, habida cuenta que el sistema educativo que defiende el fallo del Superior, dijo, no es el suyo. El Govern anunció que asumirá la responsabilidad que se derive y que no la delegará en los directores de los centros educativos. “Por tanto, esperamos que el Gobierno también lo haga”, señaló Aragonès en Palma, donde acudió de visita oficial, insinuando que el ministerio no debe pedir la ejecución del fallo. Marta Vilalta, portavoz de ERC, se mostró taxativa en el Parlament: “La sentencia no se aplicará. Es muy simple”
La inmersión lingüística es una cuestión absolutamente capital para ERC y para todos los partidos soberanistas, incluido Catalunya en Comú, defensora del modelo. ERC recordó ayer que forzó hace un año la derogación de la ley Wert y que impulsó la ley Celáa que volvió a situar como vehicular el catalán. “Tienen que cumplir su propia ley y no la que aspiraba a españolizar a los niños”, dijo Vilalta sobre la norma del PP.
El PSC se mostró de acuerdo con la salida que apunta la sentencia, según interpreta el Gobierno, de que en lugar de una se den dos materias troncales en castellano. Los socialistas no acudieron a una reunión en el Parlament convocada por el consejero GonzálezCambray. Y Salvador Illa, su líder, dijo que no le parece mal impartir dos asignaturas en castellano.
El consejero ha enviado una carta a los directores de los colegios en la que les pide que continúen aplicando el actual modelo lingüístico. “No tenéis que hacer ningún cambio en vuestros proyectos lingüísticos por motivo de la sentencia. El Departamento de Educación estará siempre a vuestro lado”, reza la misiva.
La gran incógnita de la última sentencia sobre el castellano es si llegará a ejecutarse y de qué forma. Con la resolución ya firme, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debe comunicar ahora formalmente el fallo a la Generalitat, para que esta aborde las obligaciones que contiene. Se trata de una mera comunicación, que no incluye ninguna advertencia en caso de incumplimiento, según fuentes judiciales. Estas recuerdan que en los procedimientos contencioso-administrativos (como en este caso) la justicia no actúa de oficio, sino que el impulso procesal corresponde a las partes interesadas. La ley que regula dicha jurisdicción establece, en su artículo 104, que, en caso de incumplimiento, una vez transcurridos dos meses desde que se notifica la sentencia “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa”. Y ahí es donde el camino se hace más tortuoso.
En la pugna judicial por el 25% del castellano en la educación, solo hay una parte que se haya personado en el procedimiento y que podría solicitar la ejecución: el Ministerio de Educación. Ninguna de las asociaciones que habitualmente defienden el castellano en Cataluña en los tribunales están personadas en la causa. Pero eso no impide que, llegado el caso, puedan instar la ejecución forzosa de la sentencia,