La salida de Stampa de Anticorrupción agita de nuevo a la cúpula fiscal
Luzón sugiere que el exfiscal del caso Villarejo carecía de la “discreción” necesaria
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, llevó a la reunión de ayer del Consejo Fiscal las críticas resucitadas en las últimas semanas sobre su decisión, adoptada hace un año, de dejar fuera de Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que abrió la investigación del caso Villarejo. La intención de Delgado era dar ayer por zanjado el asunto, pero la reunión acabó abriendo una brecha entre el sector conservador de la carrera, representado por la Asociación de Fiscales (a la que pertenecía Stampa hasta hace unos meses) y el progresista, representado por la Unión Progresista de Fiscales (de la que Delgado era miembro mientras fue fiscal en activo).
La fiscal general citó a la reunión al jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y al jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García. El primero, según las fuentes consultadas, defendió que las plazas que se asignaban requerían un perfil de “prudencia y discreción” en el que, según sugirió, no encajaba Stampa. Luzón, según estas fuentes, fue crítico con la actitud del fiscal apeado de Anticorrupción, al que reprochó un cierto afán de protagonismo mediático.
El jefe de la Secretaría Técnica, a quien Stampa acusa de dilatar el cierre de la investigación abierta contra él por supuestamente filtrar información a Podemos
sobre el caso Dina, en el que se investiga el robo del móvil a una antigua asistente de Pablo Iglesias. García explicó que “sugirió” al fiscal jefe de Madrid que no se archivara la investigación hasta que se practicaran pruebas “esenciales”, pero rechazó haber maniobrado para perjudicar las opciones de Stampa de conseguir la plaza en Anticorrupción.
Estas explicaciones no convencieron a los miembros de la Asociación de Fiscales, que reclamaron acceder a toda la información sobre el caso. Entre otra, aclarar si el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, pareja de Delgado, defiende a alguno de los investigados en el caso Villarejo. La fiscal general rechazó aportar esta información por considerarla “materia reservada”.