16.000 millones para combatir esta violencia
“Todo está protocolizado y estandarizado”, explica María Jesús Cantos, jefa del área de Violencia de Género del Ministerio de Interior.
“En cada caso, los agentes policiales hablan con la mujer para hacer un plan personalizado tanto de autoprotección como de protección policial, que varía si se quedan en su casa, donde les recomiendan por ejemplo cambiar la cerradura, o si van a una casa de acogida”.
Más de 27.000 agentes cubren de distinta manera este seguimiento policial, según datos de Interior, que no incluye a las policías autonómicas vasca y catalana. Pero de todos ellos, solo hay unos 2.100 policías nacionales y guardias civiles especializados, a lo que se añadirían 200 mossos y74 ertzainas.
No existe una cifra oficial de la inversión que supone la plantilla policial y de otros funcionarios destinados a proteger a las víctimas de la violencia machista, explica un portavoz de Interior.
España destina casi 16.000 millones a combatir la violencia contra las mujeres en el seno de la pareja, desde las horas de trabajo perdidas, a la asistencia a las víctimas en el sistema de salud o los análisis forenses, entre otros aspectos, según el informe El coste de la violencia de género en la Unión Europea presentado en septiembre por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés).
El cálculo se basa, entre otros trabajos, en el informe El Impacto de la Violencia de Género en España: una valoración de sus costes en 2016, que estimó una horquilla para el gesto netamente policial entre 256 y 534 millones de euros anuales, en función si se calculaba sobre el ratio de efectivos policiales o sobre el número de casos existentes.
“El dispositivo me da seguridad. Ojalá no me lo quiten nunca”, dice Alicia
“Es un crecimiento muy lento y para subir un punto es un drama, pero hay que seguir haciendo un esfuerzo por vacunar. Se está hablando con líderes comunitarios para que ayuden a convencer a algunos colectivos reticentes y la subida de la incidencia seguro que ha influido en que alguno se haya vacunado”, relata. Coincide Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología: “Es razonable que haya un pequeño aumento de primeras dosis debido al incremento de la incidencia y también al runrún sobre nuevas medidas restrictivas”. Peiró agrega que “hay cierta presión en ambientes laborales y la gente se mosquea con los no vacunados”.
La proximidad de las fiestas de la Constitución o la Navidad, que implican reuniones familiares o viajes al extranjero, también animan a pincharse. Como Yassine Lamtaraf, mozo de almacén de 31 años. A pesar de su discurso —desinformado— contra las vacunas se acaba de inyectar la primera dosis: “Tengo a mi mujer embarazada en Marruecos y para entrar me piden el certificado. Me arriesgo para visitarla”, cuenta. Ha acudido al WiZink con su amigo Rabei
Akrikezi (37): “Ves comentarios en Facebook que te dicen que con la vacuna te puede pasar esto o lo otro... Te echa para atrás. Si pudiera, habría esperado al menos un par de años para ponérmela, ver cómo afecta a largo plazo. Ojalá que estemos confundidos nosotros y ellos [las Administraciones] tengan razón”. Según los datos del Ministerio de Sanidad, las personas no vacunadas de entre 60 y 80 años tienen 25 veces más riesgo por covid que las que han completado la pauta.
Permiso judicial
El aumento de la incidencia del coronavirus en España está agitando el debate sobre la implantación del certificado covid, pero depende de cada comunidad. En alguna que han pedido permiso a la justicia para introducir el pasaporte se aprecia un ascenso evidente de primeras dosis. Es el caso de Euskadi (se inyectaron 3.797 en la última semana y 1.562 en la anterior) o Navarra (1.018 frente a 628 en la anterior). En Madrid, ha bastado el anuncio de que se plantea pedirlo para que se haya pasado de 10.531 a 19.346 en la última semana. Pero también en Castilla-La Mancha, cuyo