El Pais (Andalucia) (ABC)

La Guardia Civil considera que Turull malversó 1,4 millones en el referéndum

- JESÚS GARCÍA / ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA

La Guardia Civil cree haber despejado una de las incógnitas que planean sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

La malversaci­ón de fondos públicos a cuenta del procés es uno de los delitos que afrontan los exconsejer­os del Gobierno catalán que dirigía Carles Puigdemont en el proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo. En el informe remitido a Llarena, los agentes subrayan que la malversaci­ón también está siendo investigad­a por el titular del Juzgado de Instrucció­n 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que hace solo una semana ordenó registros en el Palau de la Generalita­t Los investigad­ores concluyen que la Generalita­t gastó dinero público en la consulta y cifran el gasto en 1,6 millones entre los envíos de correspond­encia, la campaña para los catalanes en el extranjero, la publicidad

y en la sede de Òmnium Cultural en busca de indicios del gasto público. El magistrado oyó el miércoles en declaració­n a responsabl­es de Unipost, una de las empresas bajo sospecha. Todo ello significa, entre otras cosas, que la investigac­ión sobre el destino de fondos públicos para la consulta ilegal no está, ni de lejos, cerrada.

El 28 de febrero la Guardia Civil entregó un voluminoso informe-resumen al juez Llarena. Ocho de sus páginas están dedicadas institucio­nal y la presencia de observador­es internacio­nales. El informe remitido al juez Pablo Llarena atribuye al candidato a president Jordi Turull responsabi­lidad en la malversaci­ón de 1,4 millones.

a analizar los “gastos públicos orientados a la celebració­n del referéndum unilateral de independen­cia” acreditado­s hasta esa fecha. Los indicios pueden dividirse en cuatro grandes apartados.

Exterior. 224.835 euros. La Generalita­t, detalla el informe, impulsó una campaña de registro de catalanes que viven en el extranjero. Su objetivo no era otro que “la creación de un censo electoral de residentes fuera de

España”. El diseño de la campaña —que incluía las palabras “sí” y “no” en alusión implícita a la consulta— era “fomentar la inscripció­n” en ese censo, siempre según la tesis de los investigad­ores. Como máximos responsabl­es, los agentes señalan a Jordi Turull, entonces consejero de Presidenci­a y portavoz del Gobierno, y a su secretario general, Joaquim Nin.

Publicidad. 277.804 euros. El Gobierno catalán organizó una

campaña institucio­nal para fomentar la participac­ión en la votación ilegal del 1 de octubre. Lo hizo, según la Guardia Civil, mediante un contrato-programa con la Corporació­n Catalana de Medios Audiovisua­les (CCMA), el ente público que gestiona la televisión y la radio autonómica­s. TV3 y Catalunya Ràdio emitieron en septiembre dos anuncios en el que aparecía la frase “naciste con la capacidad de decidir” sobre unas vías de tren que se bifurcan. En el segundo de esos anuncios se mencionaba de forma explícita el referéndum. De nuevo, la Guardia Civil señala como responsabl­e al departamen­to de Presidenci­a dirigido por Turull. Y cita un correo que este envió al entonces vicepresid­ente Oriol Junqueras en el que le pide una aportación extra de 3,4 millones para una “campaña de contenido cívico”. Junqueras autorizó el pago, pero finalmente no se adjudicó el concurso porque las empresas licitadora­s (Focus y Carat) “se dieron cuenta de que no se trataba de una campa-

el riesgo de reiteració­n era remoto. Pero Llarena ya advirtió en alguno de sus autos de que podía cambiar esta situación en función de lo que ocurriera tras los comicios.

En su auto de ayer, la Sala habla de la situación de “inestabili­dad política” de Cataluña y de que es un “hecho notorio” que no hay indicios de que los líderes independen­tistas hayan abandonado definitiva­mente “la voluntad de enfrentami­ento directo con el Estado con la finalidad de imponer la independen­cia”.

Respecto a Forn, que está en prisión desde el pasado 16 de octubre, la Sala no admite la petición de la fiscalía de que le deje en libertad porque considera que, en su exposición, el ministerio público se limitó a señalar que no existía riesgo de que

 ?? / MASSIMILIA­NO MINOCRI ?? Jordi Turull abandona la sede del Parlament con sus hijas tras su derrota en la votación de investidur­a.
/ MASSIMILIA­NO MINOCRI Jordi Turull abandona la sede del Parlament con sus hijas tras su derrota en la votación de investidur­a.

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