Reapertura de la causa
La pieza con papeles diferentes es la que instruye en este momento el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que la reabrió hace medio año tras señalar el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, que distintas constructoras (dio sus nombres al tribunal) contribuyeron a alimentar la caja b del PP a cambio de obra pública. En el mismo juicio en que Correa lanzó esa acusación, un empresario benefactor del PP, Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, corroboró ante el tribunal la existencia de empresarios que pagaron comisiones a este partido. García Pozuelo es el implicado en Gürtel por el pago de comisiones que más dinero ha devuelto al fisco durante estos años, casi 23 millones de euros.
Los informes policiales revelan que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados) a cambio de obras, ya que las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos. 2000) es muy distinta de la que, por su parte, aportó el extesorero al sumario una vez destapado el escándalo. A las dificultades surgidas a la hora de atar cabos en esta investigación, la que más preocupa al PP de entre las distintas piezas desglosadas de Gürtel, se unen ahora las diferencias de contenido halladas en esta parte de los papeles no prescrita.
¿Qué papel es el bueno? ¿A cuál se le hace caso? Esa es la pregunta que se hacen ahora los investigadores en relación con esta pieza separada, la de los papeles de Bárcenas, enraizada y surgida en el marco de la trama Gürtel. Es la que afecta de lleno a toda la cúpula del PP de los últimos 23 años como presunta receptora de sobresueldos opacos al fisco.
Prácticamente todos los apuntes de los papeles de Bárcenas se corresponden con ejercicios fiscales penalmente prescritos. Los dos folios que contienen pagos a dirigentes del PP y al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él elevó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente no significa que los presuntos sobresueldos no puedan ser remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes.
Las diligencias se abrieron en 2013. En el folio aportado por Bárcenas, junto con otros muchos papeles relacionados con su causa, no figura ni la inicial ni el apellido del presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS a la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el haber “de 12.600” euros y un saldo “de 396.078 euros”. El saldo sí es correlativo.
De su puño y letra
Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en su encabezamiento. Aseguran estas fuentes que Bárcenas efectuó esas alteraciones antes de entregar sus papeles al juez para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero, un pleito que ganó.
El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo como responsable de Unifica, la empresa que cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de 1,5 millones de euros que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito.