Una vida sin papeles
El sistema obliga a los inmigrantes irregulares a vivir en la ilegalidad pero les exige no tener antecedentes penales para conseguir un contrato
La paraguaya Delia Servin lleva 12 años en Madrid, pero no conoce la ciudad. Pasó una década sirviendo clandestinamente en casas y evitando la calle por miedo a ser cazada por la policía. Le pidieron la documentación una vez en 2007 y aún lo recuerda con escalofríos: “Me ingresaron en un CIE [Centro de Internamiento de Extranjeros] y me trataron como a una delincuente. Me quedé traumatizada”. Un juez decretó su expulsión, pero nunca llegó a ejecutarse. Sin embargo, la mancha que dejó en su expediente obstaculizó su regularización. Tras 10 años, tres intentonas fallidas, dos nietos y la muerte de su padre, consiguió la residencia en España hace dos años. “Me pasé todo ese tiempo sin ver a mi familia. Hasta hoy mis hijos me hacen sentir culpable. Me sacrifiqué para darles la mejor educación, pero me perdí todas sus graduaciones”, lamenta la mujer de 51 años.
Servin es un ejemplo de esos inmigrantes que viven de forma irregular en España durante años, invisibles en las estadísticas, los servicios públicos y las autoridades. No se les regulariza, pero tampoco se les expulsa. El último informe oficial sobre los CIE reveló que de los 7.597 inmigrantes que fueron internados en estos centros en 2016, solo se deportó al 21%. El resto quedó libre con el episodio estampado en su ficha policial. “No tenemos solución para esas personas, solo dejarlas en un limbo jurídico”, lamenta el profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos José Miguel Sánchez. “Hace falta una alternativa. Si los Estados no pueden expulsar, tendrían que regularizar. O, al menos, como dicta la Unión Europea, ofrecer unas garantías mínimas para que vivan con dignidad”.
Los que se quedan viven sin derechos. Es la historia de muchas empleadas del hogar, manteros, jornaleros y peones de obra. “Eliges el trabajo de interna para no pisar la calle, pero esto lleva al abuso. Padecí acoso sexual. Pretenden que incluyas servicios sexuales en los 10 euros que te pagan la hora”, resume Marta Arboleda, una colombiana de 42 años que ahora tramita la nacionalidad, pero que tardó tres años y medio en conseguir su residencia. “Tienes que ser perfecta para
Delia Servin fue durante 10 años invisible para las estadísticas
La única solución que se les ofrece es dejarlos en un limbo jurídico
La regularización exige tres años de residencia y una oferta de trabajo