Interior prevé triplicar las resoluciones de asilo en 2019
Una oferta de empleo público de 231 plazas
El número de solicitudes de protección internacional bate récords en España. A falta de un solo mes para cerrar el año, 51.029 personas han presentado solicitudes de asilo: se ponen a prueba así las costuras de un sistema que se ha revelado obsoleto e insuficiente. Con un programa informático de 2006 y el mismo personal fijo desde que se creó en 1992 —60 plazas—, la Oficina de Asilo y Refugio se enfrenta a casi 20 veces más solicitudes que en 2012.
En paralelo al incremento de llegadas de migrantes a las costas españolas, España se ha convertido en el quinto país con más solicitudes de asilo de la UE, solo por detrás de Alemania, Francia, Grecia e Italia. El Ministerio del Interior ha anunciado un plan de choque que promete resolver el triple de solicitudes en 2019.
El impulso puede significar la resolución de entre 30.000 y más de 40.000 expedientes en un año, frente a los 13.500 de 2017 o los casi 10.000 de 2018. Descongestionar el sistema, sin embargo, no será rápido. Hay casi 68.000 solicitudes pendientes en los cajones a las que hay que sumar las que
se registrarán el año próximo. Resolver un expediente tarda hoy una media de 252 días; ese plazo no debería exceder los tres meses. “La plantilla estaba mal dimensionada y eso ralentiza todo el procedimiento. La oficina no está colapsada. No ha trabajado al ritmo idóneo, pero no ha parado en ningún momento”, defiende la directora general de Política Interior, Carmen López.
La capacidad para estudiar y resolver, favorable o desfavorablemente, las demandas de asilo es fundamental para que se protejan los derechos de los solicitantes. La saturación del sistema favorece el trabajo de las mafias, El plan para desatascar la Oficina pasa por una oferta de empleo público extraordinaria de 231 plazas fijas en 2019. Interior ha convocado 219 plazas de interinos. Estos deben compensar la salida de los 94 contratados interinamente para asumir las solicitudes en la crisis humanitaria de la guerra siria en 2015. El cese es polémico. La Administración interpreta que es ilegal prorrogar su contrato, pero los trabajadores irán a los tribunales. Los funcionarios denuncian que se sustituya a personal formado y con idiomas otro no familiarizado con un fenómeno complejo y delicado. que se aprovechan de los plazos dilatados para introducir migrantes y garantizarles la estancia regular en España durante meses como demandantes de refugio.
El aumento de peticiones ha puesto en jaque el sistema. Incluyendo la red de acogida, gestionada por el Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social a través de varias ONG. En Madrid, a los interesados en pedir asilo se les ha obligado a hacer colas de 24 horas al raso para conseguir una cita para 2020 con la que iniciar su proceso. Más de una decena de familias ha tenido que deambular entre asociaciones humanitarias e iglesias para encontrar un techo bajo el que dormir. Hay un gran porcentaje de solicitantes que, probablemente, no serán reconocidos como beneficiarios de protección internacional (en España solo se admite uno de cada tres casos), pero hasta que se justifique la denegación de su solicitud tienen derecho a ser asistidos por la red.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aplaude los cambios, pero advierte de la necesidad de “redimensionar el sistema”. “El foco no debe ponerse únicamente en más presupuesto o en cuánto se tarda en dar una cita. Lo importante es decidir si somos un país de refugio”, alerta Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de CEAR. “Seguimos manteniendo un perfil bajo de protección. No hemos desarrollado las reglas de nuestra ley de asilo y hay que garantizar aún el acceso a la protección con independencia del lugar de llegada”, añade. “Tiene que haber un sistema que permita establecer la vulnerabilidad de las personas desde la primera entrevista”.
La saturación del sistema no es un fenómeno único de España, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi. “Es común en todos los países que han tenido un aumento de las solicitudes de asilo. España llegará este año a cerca de 60.000 peticiones. Es mucho. El sistema no se ha fortalecido tan rápido como era necesario”, criticó Grandi el pasado agosto en una entrevista a EL PAÍS. “Es una cuestión de personal, pero también de procedimientos. Es posible acelerar ese proceso sin disminuir la calidad y las garantías de la atención”, añadió Grandi, “pero esto necesita recursos”.