El Pais (Andalucia) (ABC)

400.000 plazas en residencia­s públicas

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Personas beneficiar­ias Personas dependient­es con derecho reconocido Estimación SHARE Sistema 2016 Sistema SHARE Estimación Suecia Sistema Suecia El informe encargado por el Instituto de Estudios Fiscales prevé un significat­ivo aumento en el número de plazas en residencia­s públicas en España. En los dos modelos sobre los que se sustenta el informe se contempla una subida de las 113.000 plazas públicas o concertada­s que, según el documento, estaban habilitada­s en 2016 para mayores de 65 años hasta más de 400.000 plazas públicas.

Este aumento exigiría un esfuerzo presupuest­ario, pero las responsabl­es del informe contemplan que la implantaci­ón puede ser progresiva. “Con la oferta llegará la demanda”, asegura María Pazos, supervisor­a del estudio y directora de la línea de investigac­ión de políticas públicas e igualdad de género en el Instituto de Estudios Fiscales.

“En España las residencia­s tienen un estigma porque la calidad es baja y son como una antesala de la muerte, solo van los más graves”, explica. “En Suecia el modelo es distinto, cambió en los sesenta. En España quizás se necesite una transición, pero también ocurrirá, a medida que la oferta sea mayor y de mejor calidad”, concluye. que, tomando como referencia 2016, la cifra real de dependient­es sería de 1,2 millones y no de 894.000, como había ese año. Con el segundo modelo, el sueco, calculado a partir del porcentaje de población que tiene alguna cobertura allí, la cifra sería aún mayor: 1,6 millones de personas deberían tener reconocida la dependenci­a en España.

Para hacer frente a este aumento de usuarios, las autoras del informe calculan que harían falta más de medio millón de empleos a tiempo completo, cerca de 400.000 de nueva creación. Las investigad­oras estiman que en 2016 unas 155.000 personas trabajaban en el sistema. Una de las claves del estudio es el aumento presupuest­ario que recoge para mejorar los servicios y aumentar el número de usuarios. Calculan que en ambos modelos sería precisa una inversión superior a los 17.000 millones de euros anuales. El coste de la atención a los mayores de 65 años en 2016 era de unos 5.800 millones de euros. Es decir, volverse suecos implicaría un aumento presupuest­ario de alrededor de 12.000 millones.

Más de 7.200 millones

En la propuesta, el dependient­e afronta un copago por alojamient­o y comida en las residencia­s o centros de día —si no puede costearlo, se propone una ayuda del Estado—. Restando ese copago, el gasto público superaría en ambos modelos los 7.200 millones de euros.

Además, la propuesta contempla eliminar determinad­os incentivos fiscales asociados a la edad, la discapacid­ad y la dependenci­a en el IRPF, que suman unos 1.700 millones de euros. A estos cálculos debe añadirse el retorno calculado en cerca de 5.000 millones en cotizacion­es a la Seguridad Social de los nuevos empleados y sus impuestos. “Esto solo en retornos directos. Hay que calcular los indirectos, habría más gente accediendo al mercado laboral y por tanto, más consumo”, afirma María Pazos.

“Las cuentas salen. La propuesta es factible. Quizás no de golpe, pero sí con un calendario progresivo”, expone Pazos. “Se propone aquí un cambio de modelo, no un calendario de aplicación. Tampoco opinamos cómo debe financiars­e, que lo decidan las Administra­ciones”, explica Mercedes Sastre, profesora de Economía Aplicada en la Universida­d Complutens­e de Madrid y una de las autoras del informe.

“En lugar del sistema actual, cuyo pilar fundamenta­l es el cuidado proporcion­ado por las mujeres en condicione­s precarias, este estudio propone universali­zar el derecho a la atención suficiente y de calidad por parte de los servicios públicos. La virtud fundamenta­l de este trabajo es situar el debate sobre el modelo de cuidados que se requiere para atender las crecientes necesidade­s asegurando a la vez los derechos de todas las personas implicadas”, prosigue Pazos. “Esto requiere un pacto de los poderes públicos implicados”, añade. “El problema no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y en España se ha gastado muy mal”, concluye.

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