El Ejecutivo aprueba otra vez el déficit que rechazó el Congreso
Las comunidades autónomas recibirán el próximo año más dinero que nunca procedente del sistema de financiación regional. Gestionarán 108.058 millones de euros, casi un 25% más de recursos en lo peor de la crisis. Aún así seguirán gastando más de lo que ingresan. Son las responsables de prestar los servicios públicos como la sanidad, educación y servicios sociales, capítulos con grandes tensiones de gasto por el envejecimiento de la población, las novedades tecnológicas y farmacéuticas y sujetas a otras demandas por motivos políticos. Los consejeros de Hacienda regionales tienen además otra gran preocupación vinculada a la tesorería: deben atender los vencimientos de la deuda que ya tienen formalizada y suscribir nuevos préstamos para financiar los déficits nuevos.
Para cubrir esas necesidades de financiación, el Estado central volverá a activar los fondos extraordinarios de liquidez (FLA y la Facilidad Financiera) para prestar a las comunidades 25.091 millones de euros. Entre las que más tirarán de estos créditos destacan Cataluña, que recibirá el 32%; Comunidad Valenciana se llevará el 23%; y Andalucía el 13%. En este último caso, es una cantidad muy inferior a otros años, porque como Madrid, País Vasco o Baleares, ya han regresado a los mercados o están a punto de hacerlo.
Regresar a los mercados
Estos mecanismos extraordinarios de financiación nacieron en 2012, en lo peor de la crisis, cuando los mercados financieros cerraron las puertas de par en par a las autonomías. En aquella época, cuando la prima de riesgo daba dentelladas que amenazaba con saltar por los aires la economía española, los inversores desconfiaban de la capacidad de las comunidades. Y el Estado central tuvo que salir a rescatarlas.
El Ejecutivo de Rajoy ideó entonces el plan de pago a proveedores, un préstamo del Tesoro en condiciones ventajosas para que las administraciones regionales pagaran las facturas que tenían en los cajones. A este mecanismo le siguió el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un instrumento parecido al anterior pero que también les permitía cubrir los abultados déficits en que incurrían y pagar los vencimientos de las deudas que ya tenían contraídas. Y en 2015 se puso en marcha el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), otro tipo de préstamos aún más ventajosos para las autonomías más cumplidoras con los objetivos de déficit. Aunque estas líneas de préstamos iban a ser temporales (de hecho en su apellido oficial figura el término extraordinarias) llevan vigentes desde 2012.
En total, el Tesoro ha inyectado a las comunidades más de 262.000 millones entre los diferentes mecanismos extraordinarios de liquidez, el equivalente al 25% del PIB español, según datos de Hacienda. Aunque las autonomías ya han devuelto unos 88.000 millones de estos préstamos, según figuran en las estadísticas del Banco de España.
Los principales organismos reguladores y supervisores internacionales (FMI y Banco de España, entre otros) han recomendado al Gobierno que ponga fin a estos mecanismos porque generan un riesgo moral [por los incentivos perversos para no sanear las cuentas] y someterse a la disciplina de los mercados financieros.
Tanto el Ejecutivo de Rajoy como el de Sánchez han ido dilatando su clausura porque no todas las comunidades están preparadas para enfrentarse de sopetón a las exigencias de los mercados, bancos e inversores.
Por eso, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Ejecutivo socialista aprobó el pasado julio un mecanismo para la salida gradual a los mercados de las comunidades autónomas. “El objetivo es que las comunidades autónomas que se encuentren en una situación financiera más saneada puedan volver a financiarse por sí mismas en el mercado”, señalaba Hacienda. Desde entonces, Andalucía, Madrid y País Vasco han emitido deuda de inversores privados. Y Baleares ya tiene la autorización para hacerlo.
El Gobierno de Sánchez también ha ideado otra fórmula para aliviar las tensiones de tesorería. En julio aprobó un protocolo para que las autonomías pudieran refinanciar deudas a corto plazo y pasarlos a largo plazo. Era una medida que favorecía sobre todo a Cataluña y la Comunidad Valenciana, las que más problemas de liquidez padecen. Esta vía permite que las autonomías que tengan créditos financieros de carácter estructural y no coyuntural [que les permite hacer frente a necesidades puntuales] puedan refinanciarlos a largo plazo. El Consejo de Ministros aprobó ayer de nuevo los objetivos de estabilidad para el periodo 2019-2021. Trata así de sortear el bloqueo del PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso y en el Senado. Es la segunda ocasión que intenta tramitar los límites de déficit, deuda pública y la regla de gasto. La primera vez que los llevó al Congreso, el 27 de julio, no logró sacarlos adelante. En esta ocasión también será difícil que lo consiga, pero el movimiento le permite iniciar el trámite para aprobar los Presupuestos a partir de enero.
Hacienda vuelve a plantear una meta de déficit del 1,8% del PIB para este año, frente al 1,3% que programó el anterior Gobierno de Rajoy. De no salir adelante la propuesta socialista, el Ejecutivo elaborará los Presupuestos con la senda fiscal de Rajoy, lo que conlleva un nuevo ajuste de 3.500 millones. Y se verá obligado a nuevas subidas de impuestos o a aplazar algunas de las medidas de gasto ya anunciadas. Bruselas ha advertido a España de que el plan presupuestario sobreestima los gastos y sobrevalora los ingresos.
Requisito legal
La aprobación de los objetivos es uno de los trámites legales que exige la liturgia presupuestaria. Se trata de un paso imprescindible para aprobar los Presupuestos. El Gobierno lo intenta por segunda vez porque así lo establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la norma consagrada en la Constitución, que persigue el saneamiento de las cuentas públicas. Esta norma establece se presenta una senda de déficit que no recibe el aval parlamentario, el Gobierno tendrá 30 días para proponer otra. Así que Sánchez va con retraso.
El Consejo de Ministros aprobó la nueva senda sobre todo para cumplir el trámite que exige la Ley de Estabilidad, y no tanto con la idea de aprobarlos. Es consciente de que volverá a chocar con el muro que han levantado el PP y Cs en el Senado. Tras consultar con la Abogacía del Estado considera que habiéndolo intentado ya las dos ocasiones, como establece la Ley de Estabilidad, tiene vía libre para llevar los Presupuestos al Congreso sin sombra de ilegalidad, como le acusaban los populares y desde Ciudadanos.