El Gobierno intenta retener a Alcoa y otras industrias con rebajas en el coste energético
El Gobierno aprobó ayer una batería de medidas en un intento para que Alcoa dé marcha atrás en su amenaza de cerrar sus plantas de A Coruña y Avilés, que emplean a casi 700 trabajadores y para evitar que otras industrias sigan el mismo camino. La idea es ofrecer un sistema que permita a los grandes consumidores de energía reducir su factura y hacerla más estable, a cambio de que se comprometan a “mantener el tejido productivo y continuidad” al empleo.
Alcoa ha denunciado reiteradamente en los últimos años los altos precios de energía que padecen sus fábricas españolas. Y los gobiernos autonómicos de Galicia y Asturias habían demandado un plan de choque al Gobierno central para intentar cambiar de opinión a la dirección de la empresa y evitar el cierre. La ministra de Industria, Reyes Maroto, recoge el guante. Ayer anunció una propuesta que aprobó el Consejo de Ministros: la creación de un Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que permitirá un abaratamiento de costes y reducir la volatilidad de los precios eléctricos en grandes industrias. Maroto, aunque no hizo referencias directas a Alcoa, admitió que las medidas quieren “evitar el cierre de empresas”.
La medida aprobada ayer abre una tramitación de seis meses para acabar de definir los elementos que vestirán el bautizado como estatuto de consumidores electrointensivos, pero la idea básica es reconocer las necesidades de industrias que consumen mucha energía y que lo hacen en horas de baja demanda eléctrica, como sería el caso de la industria metalúrgica.
Maroto explicó que en las medidas del Gobierno habrá beneficios para las compañías, pero también obligaciones. Respecto a esas últimas, la ministra avisó de que las subvenciones de compensaciones de dióxido de carbono, que se darán este mes de diciembre, quedarán a partir de ahora condicionadas: las empresas que se beneficien deberán asegurar que sus plantas se mantienen activas al menos durante los siguientes tres años y que si ejecutan regulaciones de empleo, las plantillas no se reducen más de un 15%.
Otra de las medidas aprobadas ayer es una prolongación de la vida útil de plantas de cogeneración que utilicen combustibles renovables o gas natural que hayan superado su vida útil este año. Esa prolongación será de dos años. Asimismo, se abre la puerta a la creación de redes de distribución eléctricas cerradas, una medida dirigida especialmente a los polígonos petroquímicos de Tarragona y Huelva.
Dentro del plan, además, el Gobierno aprobó finalmente una prórroga del contrato de relevo, que se prolongará cuatro años, pero solo para puestos de trabajo vinculados con la industria manufacturera, tal y como avanzó EL PAÍS. La modificación, que facilita el rejuvenecimiento de plantillas con la entrada de trabajadores más jóvenes a cambio de jubilaciones parciales, supone retraer las condiciones a la normativa anterior a 2012, modificada con los cambios en la ley de Pensiones.
Según los cálculos del Gobierno, esta actualización de las condiciones permitirá “asegurar” 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años. El plan era una petición expresa del sector de la automoción, que lo considera imprescindible para mantener condiciones de competitividad con las plantas extranjeras y para rejuvenecer plantillas y potenciar la formación en sus plantillas.