Trabajo prevé que los 3.000 orientadores del plan joven empiecen antes de marzo
El plan de choque por el empleo joven echó a andar ayer. El Consejo de Ministros le dio luz verde. Su diseño final queda como pactaron el miércoles los responsables del Ministerio de Trabajo, los sindicatos, CC OO y UGT, y las patronales, CEOE y Cepyme.
Si se cumple lo previsto por el Ministerio de Trabajo, en marzo las comunidades autónomas ya podrán haber contratado a los 3.000 orientadores que prevé el plan de empleo joven que el Consejo de Ministros aprobó ayer. Para poner en marcha la medida estrella del plan, Trabajo convocará a las comunidades antes de Navidad y pondrá en marcha todo el proceso. Según sus cálculos, todo estará listo y los “técnicos de orientación”, como los llamaban los últimos borradores del plan, podrán empezar a trabajar en el primer trimestre del año que viene. Fuentes del Ministerio de Trabajo advierten de que, en todo caso, dependerá de cada comunidad cuando los contrata y cuando empiecen su trabajo, ya que las políticas activas de empleo son una competencia autonómica.
En principio, los orientadores serán funcionarios interinos y estarán adscritos a la duración de un programa de 18 meses, una condición exigida por Función Pública. Entonces se hará una evaluación para decidir la continuidad de este programa. No obstante, la predisposición inicial de los responsables de Trabajo es que el programa se convierta en definitivo, apuntaban esta misma semana fuentes del departamento.
El coste de esta medida asciende a 123 millones, según el cuadro presupuestario que acompaña a los borradores del plan. Esta cantidad supone algo más de 6% del total del coste del Entre las 50 medidas que recoge, destaca la contratación de 3.000 orientadores, que fuentes del departamento que dirige Magdalena Valerio, prevén que estén contratados mayoritariamente antes de marzo. El presupuesto, que como adelantó EL PAÍS no supondrá gasto adicional, asciende a 2.000 millones.
Plan de Empleo Joven 2019-2021, 2.000 millones. Ese el nombre oficial del programa, que, como apuntó la ministra Magdalena Valerio, ha sido negociado durante meses con los agentes sociales, las comunidades autónomas y otros departamentos del Ejecutivo (Educación, Universidades o Función Pública, entre otros).
La última reunión se produjo el miércoles y sirvió para sumar a CEOE, que hasta entonces se mostraba reticente hasta entonces. El cambio de posición fue posible tras comprometerse Trabajo a dar más peso en el plan a
la colaboración público-privada entre la Administración y las agencias de colocación.
Con las 50 medidas que componen el plan, el Gobierno se ha marcado el objetivo de reducir el paro juvenil en 10 puntos porcentuales, hasta el 23,5%, e incrementar la tasa de actividad hasta el 73,5%. También pretende incrementar un 15% cada año el número de contrataciones indefinidas, hasta llegar a 2,9 millones. Otras metas ambiciosas atañen a las iniciativas de formación para que 225.000 jóvenes adquieran competencias digitales o que 40.000 se formen para trabajar en sectores estratégicos de la economía.
En la presentación del plan, la ministra Valerio recordó que actualmente hay 569.000 jóvenes desempleados, de los cuales 87.000 son de larga duración, y de éstos el 72,98% presenta un bajo nivel formativo. “Estos datos son suficientes como para justificar un plan integral”, argumentó. Además, añadió que su intención ahora es elaborar otro plan para los parados mayores de 45 años que lleven más de un año sin empleo.
Junto a las medidas más habituales de este tipo de planes, Trabajo también pretende poner en marcha un programa de retorno de jóvenes que marcharon con la crisis. Esta iniciativa, que toma el ejemplo puesto en marcha en Castilla-La Mancha, se coordinará desde la Secretaría de Estado de Migraciones, aclaró la ministra Valerio.