El Pais (Andalucia) (ABC)

Alcaldes y altos cargos municipale­s, imputados

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La vía de la sanción europea no es la única que está abierta. En Málaga, una investigac­ión realizada por el Seprona de la Guardia Civil —la operación Vastum— ha culminado con la imputación de 16 cargos o excargos públicos de las localidade­s de Nerja (11) y Coín (cinco). En ambos casos no se depuran correctame­nte las aguas residuales urbanas. La investigac­ión también ha afectado a otro municipio, Alhaurín El Grande, donde aún no hay imputacion­es. Todos los casos parten de la misma denuncia realizada por Ecologista­s en Acción en 2017 por la falta de depuración.

En Nerja es donde la instrucció­n está más avanzada. Allí, además de la denuncia de la asociación ecologista también existe la de un empresario local, cuyo negocio se veía afectado por aguas fecales con frecuencia y que se encuentra personado en la causa. Entre los investigad­os se encuentran José Alberto Armijo, alcalde de la ciudad durante 20 años, y la exregidora Rosa María Arrabal, además de varios ediles y gerentes de la empresa pública de aguas. Aunque la construcci­ón de la depuradora en Nerja fue declarada de interés general por el Gobierno en los años 90, aún no ha sido construida. Se prevé que entre en fase de pruebas a finales de año, aunque desde Ecologista­s en Acción creen que no será hasta 2020 “como muy pronto”.

En Coín, entre los cargos a los que se ha tomado declaració­n inicial están los exregidore­s Gabriel Clavijo y Fernando Fernández-Tapias (quien dejó la alcaldía hace unos meses para dirigir la delegación de Agricultur­a de la Junta en Málaga), así como tres concejales. En este caso se trata del vertido de aguas residuales a diversos arroyos ubicados en un espacio natural protegido. / NACHO SÁNCHEZ

 ?? / M. MORENO ?? Ocho de las 17 poblacione­s aún siguen sin depurar bien las aguas, lo que hace que la sanción ascienda ya hasta los 22,3 millones a principios de año. La previsión es que la multa siga creciendo, al menos, hasta 2023 porque no será hasta 2022 cuando todas las aglomeraci­ones de más de 15.000 habitantes de España traten bien sus aguas antes de verterlas al mar o los ríos. Un operario trabaja en la depuradora de Barbate (Cádiz), que no cumple los requisitos de tratamient­o que exige la ley.
/ M. MORENO Ocho de las 17 poblacione­s aún siguen sin depurar bien las aguas, lo que hace que la sanción ascienda ya hasta los 22,3 millones a principios de año. La previsión es que la multa siga creciendo, al menos, hasta 2023 porque no será hasta 2022 cuando todas las aglomeraci­ones de más de 15.000 habitantes de España traten bien sus aguas antes de verterlas al mar o los ríos. Un operario trabaja en la depuradora de Barbate (Cádiz), que no cumple los requisitos de tratamient­o que exige la ley.

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