‘Yo acuso’: el ‘caso Dreyfus’
Yo acuso al teniente general Paty de Clam como fabricante del error judicial…; acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice…; acuso al general Billot por haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado con un fin político…; acuso al primer consejo de guerra por haber condenado a un acusado fundándose en un documento secreto y al segundo por haber cubierto esta ilegalidad”.
Así culminaba el escritor Émile Zola su artículo-manifiesto en L’Aurore (13/1/1898). Defendía al capitán Alfred Dreyfus, que llevaba tres años encarcelado. Le acusaron basándose en meros bulos, eso tan actual en España. Le condenaron por alta traición y ratificaron la infamia en juicios fantasma; en uno de ellos, tras deliberar tres minutos. Fue rehabilitado en 1906: la protesta de escritores y artistas corrigió el desmán judicial. Tras un decenio largo del proceso.
Esa rebeldía bautizó la responsabilidad cívica de los intelectuales liberales y progresistas. Manifeste des intellectuels, tituló Georges Clemenceau las adhesiones al texto de Zola, enorgulleciéndoles con el mismo calificativo que pretendía humillarles.
Zola recriminaría al Poder Judicial no haber expedientado al juez Peinado
“No fueron las débiles pruebas —pronto se comprobó su manipulación— la causa de la condena, sino el antisemitismo que estaba arraigado en la sociedad francesa de aquel tiempo, y exacerbado en el Estado Mayor del ejército. Dreyfus era judío, y el odio hacia esa condición era tan visceral que dio lugar a una conspiración en su contra para condenarlo”, escribe, en un hermoso resumen de esa causa, el profesor Francisco Michavila en su reciente Inquietudes de un europeo (Tecnos).
Si Zola viviese hoy, acusaría al turbio juez Juan Carlos Peinado de haber violado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo artículo 269 prescribe que si la denuncia de un hecho “que no revistiere carácter de delito” o “fuere manifiestamente falsa” debería abstenerse de enjuiciarla, como en el estrambótico caso contra Begoña Gómez. Y recriminaría al Consejo General del Poder Judicial no haberle expedientado por presunta prevaricación, al haber ignorado la jurisprudencia del Supremo: en 2021, este consagró el principio de que “una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles”. O sea, que solo con recortes, no hay caso. Esos individuos son como los jueces de Dreyfus. Pero nosotros, ay, no somos Zola.