La Audiencia rechaza extraditar a un pandillero a El Salvador
El plan de lucha contra las maras del Gobierno salvadoreño de Nayib Bukele se topa con un nuevo revés desde el exterior. La Audiencia Nacional española ha rechazado entregar al Estado centroamericano a un pandillero, Mario Alberto R. S., por los “grandes riesgos” que existen de que se vulneren sus derechos fundamentales si resulta encarcelado allí. En una contundente resolución de 38 páginas, fechada el 22 de abril, el tribunal descarta la extradición tras repasar el actual contexto sociopolítico que atraviesa el país, que mantiene la declaración del estado de excepción desde hace más de dos años: “Existe prueba sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega”, inciden los magistrados en su dictamen.
La postura de la Audiencia Nacional, que ya descartó la entrega de otro presunto pandillero en octubre de 2022 (a los pocos meses de declararse el estado de excepción en El Salvador), incide en las “continuas y graves situaciones de vulneración de derechos humanos” que se producen en las prisiones de ese país, donde el régimen de Bukele impuso mano dura para lograr neutralizar el avance de las maras.
El plan del Ejecutivo, que ha supuesto el arresto masivo de más de 70.000 personas, se ha desarrollado entre multitud de acusaciones de “graves violaciones de los derechos humanos”: se han denunciado hacinamientos extremos, detenciones arbitrarias (incluido menores), reclusiones sin ningún tipo de garantías, incomunicaciones totales, juicios virtuales sin intervención de testigos, procesamientos opacos.
“Desgraciadamente persiste la situación de conculcación de Derechos Humanos [...] Cuando aún no habían transcurrido los actuales dos años de vigencia del estado de excepción, ya declaramos la improcedencia de la extradición de [otro] reclamado por razones humanitarias, relacionadas con el grave peligro que, para la vida e integridad física del reclamado, conllevaría su entrega, dada la situación actual [de El Salvador]”, justifican los magistrados de la Audiencia Nacional.