Más tiempo para Assange
LA DECISIÓN de un tribunal británico de rechazar las garantías ofrecidas por Estados Unidos de que el cofundador de WikiLeaks, Julian Assange, recibirá un juicio justo si finalmente es extraditado a ese país —tal y como pide la Administración estadounidense— supone un respiro momentáneo para el activista australiano, en prisión provisional desde 2019.
Assange tendrá así la oportunidad de volver a recurrir la polémica decisión tomada en 2022 por Priti Patel, entonces ministra del Interior y considerada uno de los halcones del Gobierno conservador de Boris Johnson. La resolución constituye además un revés para la justicia estadounidense y un triunfo para quienes consideran que con el procesamiento de Assange se está ejecutando una amenaza para la libertad de prensa en todo el mundo.
Julian Assange está acusado en EE UU de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y de otro por acceso ilegal a un ordenador. En caso de ser extraditado, se arriesga a una condena de 175 años de cárcel por la filtración en noviembre de 2010 de los más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado que fueron publicados, en un esfuerzo coordinado, por EL PAÍS, The New York Times, The Guardian, Le Monde y Der Spiegel. Descartada la pena de muerte —que la fiscalía estadounidense no había solicitado y, por lo tanto, no puede ser contemplada por un tribunal de aquel país—, la batalla en los juzgados británicos gira en torno al hecho de si Assange será discriminado en la justicia de EE UU por el hecho de ser extranjero y si, por tanto, no podrá invocar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
Hay que resaltar que la persecución que sufre desde hace años el cofundador de Wikileaks —persecución que incluyó el espionaje que sufrió durante 24 horas al día mientras estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, entre 2012 y 2019— no debe interpretarse solo como un acto meramente judicial. En el trasfondo resulta evidente el aviso lanzado por Washington contra el derecho a la información en futuras investigaciones periodísticas que, por legítimas que sean, afecten a lo que el Gobierno estadounidense considere sus intereses.
Por ahora, Julian Assange gana tiempo. Todavía puede evitar su extradición definitivamente, pero este periodo, cuya duración dependerá del recurso del acusado, debería servir para que EE UU se rinda a la evidencia y desista de su persecución a una figura pública que, más allá de las controversias que genera, protagoniza un caso paradigmático de libertad de expresión y derecho a la información.