Nadie por encima de la ley
Trump y Netanyahu comparten muchas cosas, y una de ellas es su pretensión de situarse por encima de la ley, exactamente la posición de los monarcas contra los que se levantaron las revoluciones americana y francesa, y que abrieron el camino a los actuales sistemas liberales regidos por la ley y el Estado de derecho. Como en un alineamiento de los astros, los itinerarios de ambos políticos caen ahora bajo el severo escrutinio de la justicia, la de Estados Unidos el primero y la universal el segundo.
No es una novedad que haya gobernantes y países que han actuado y se han situado al margen o por encima de la ley, al contrario. La novedad que se dirime ante los tribunales, los estadounidenses en el caso de Trump y los internacionales en el de Netanyahu, es la posibilidad de que unos jueces reconozcan, sea por acción, sea por omisión, el derecho de determinados gobernantes y países a un trato especial respecto a todos los otros gobernantes y países hasta el punto de situarles por encima de las leyes que rigen para todos y de legalizar los crímenes que hayan cometido, estén cometiendo o puedan cometer en el futuro.
Es grave el caso de Trump, con cuatro procesos penales abiertos, 88 delitos investigados y el auxilio dilatorio de un puñado
de jueces nombrados de su mano cuando era presidente, incluyendo tres de los nueve que componen el Tribunal Supremo, por cargos nada veniales que van desde la insurrección hasta la interferencia en los proceso electorales. Y lo son las consecuencias de su reelección para el futuro de la democracia americana y para el mantenimiento de los compromisos de seguridad con sus aliados, especialmente con Ucrania frente a Putin.
Tanto o más grave es el caso de Netanyahu. A diferencia de Trump cuenta con el apoyo de Joe Biden y el aliento de numerosos países europeos ante las imputaciones del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Además de los derechos de los palestinos, los individuales y los colectivos, el sistema democrático que está en juego es solo el de Israel, ahora bajo la tensión del Gobierno más autoritario y extremista de su historia. Pero el proceso abierto en La Haya desborda en consecuencias
el marco de Oriente Próximo y afecta a la idea misma de una justicia penal universal que defienda a todas las víctimas sin excepciones y castigue por igual a los culpables de crímenes de guerra y contra la humanidad, sean africanos o sean europeos.
El argumento preferido en favor de Netanyahu achaca al fiscal la insoportable equivalencia moral entre un grupo terrorista como Hamás y un Estado democrático de derecho como Israel que se podría deducir de sus acusaciones. En su contra cuenta el argumento simétrico del doble rasero, que autoriza a la justicia internacional siempre que convenga a Estados Unidos y sus amigos, es decir, cuando se trate de países africanos o de una autocracia como la de Putin, pero declara exentas a las democracias aliadas, incluso si sus sistemas judiciales se han revelado insuficientes e incluso obsoletos para impartir justicia, como es el caso de Israel, cuando las víctimas son ciudadanos palestinos.