Bruselas amenaza con llevar a España a la justicia por no aplicar el tipo del 15% en Sociedades
La Comisión señala también a Chipre, Portugal, Letonia, Lituania y Polonia
La Comisión Europa amenazó ayer a España con llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en poner en marcha las medidas necesarias para trasponer el nuevo tipo mínimo global de gravamen del 15% en el impuesto sobre sociedades para las compañías multinacionales y grandes grupos empresariales. Madrid no es la única capital que ha recibido la alerta. El Ejecutivo europeo ha denunciado que Polonia, Letonia, Lituania, Chipre y Portugal tampoco han informado de la aplicación nacional de la medida, en vigor desde el 1 de enero.
Bruselas ha enviado un dictamen motivado a estos Estados miembros, que ahora tendrán dos meses para responder dudas y tomar las medidas necesarias, mientras que la Comisión Europea se guarda la opción de llevar el asunto ante el TJUE. “Todos los Estados miembros de la UE debían poner en vigor las leyes necesarias para cumplir con la directiva del pilar 2 [como se conoce técnicamente al tipo mínimo del 15%] antes del 31 de diciembre de 2023. Hasta la fecha, la mayoría de los Estados miembros han cumplido estas obligaciones. Sin embargo, España, Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal aún no han notificado sus medidas. Por lo tanto, la Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado a estos Estados miembros que ahora tienen dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión podría decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señala la Comisión en una nota publicada ayer.
La directiva se ha implementado un año después de que se alcanzara un acuerdo en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para reformar las reglas fiscales globales. El pacto se selló en 2021 entre más de 140 países y jurisdicciones, con el objetivo de frenar la competencia fiscal a la baja entre países en el impuesto de sociedades y reducir así el incentivo para que las empresas transfieran sus ganancias a territorios con bajos impuestos. El organismo estima que, a nivel global, esta nueva figura pueda brindar 220.000 millones de dólares adicionales (200.000 millones de euros) a nivel global.
Este tipo mínimo funciona como un suelo de tributación, pero no se aplica a todas las empresas. Solo están afectados los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud con ingresos consolidados iguales o superiores a los 750 millones de euros y con una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE. De esta forma, los países se quieren asegurar que las grandes corporaciones, que empezaron a tirar cada vez más de ingeniería fiscal con la eclosión de la globalización y la digitalización, paguen una cantidad mínima en Sociedades.
El Gobierno español aprobó en diciembre el anteproyecto de ley que transpone la directiva europea. “El objetivo de este anteproyecto es adaptar al marco legal español los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en los foros e instituciones globales como el G-20, la OCDE o la UE, para luchar contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales”, señalaba entonces el Ministerio de Hacienda. El proceso de transposición, sin embargo, no ha acabado, y de ahí el toque de atención de Bruselas.
España ya cuenta con un impuesto mínimo del 15% sobre las grandes empresas, que implementó en 2022. La gran diferencia es que se aplica sobre la base imponible, mientras que la figura europea se calcula sobre el resultado contable ajustado, una magnitud que se asemeja más a los beneficios. La directiva, de hecho, contiene una serie de normas comunes para calcular y recaudar este “impuesto complementario”.
La Comisión Europea también ha decidido llevar a España ante el TJUE por no eliminar las condiciones que impone para poder beneficiarse de un aplazamiento en el pago de impuestos tras una división empresarial, que son contrarias a la legislación europea. La directiva comunitaria sobre fusiones establece que el pago de impuestos sobre las ganancias de capital que resultan de una reorganización empresarial debe ser aplazado a una fase posterior de venta o disposición de los activos y acciones. Sin embargo, la normativa española prevé que en los casos de división de una empresa este aplazamiento solo se conceda si los accionistas de la compañía dividida reciben la misma proporción de acciones en todas y cada una de las empresas resultantes de la división.
“Estas condiciones no son requeridas por la legislación de la Unión Europea y, por lo tanto, son una violación de la directiva de fusiones”, explicó ayer el Ejecutivo comunitario. La aplicación inadecuada de estas normas crea una distorsión en el mercado interior, genera desigualdad entre las empresas que operan en el mismo y contribuye a la incertidumbre legal para las compañías, añadió.
Bruselas había abierto expediente por este motivo a España en 2019 y desde entonces ha mantenido un diálogo con las autoridades nacionales en el que estas han defendido que la legislación española respeta la directiva comunitaria. La Comisión, sin embargo, considera que los esfuerzos de España hasta la fecha “han sido insuficientes”, por lo que ha decidido elevar el caso a la Justicia europea, a la que podría solicitar que imponga una multa a España por el incumplimiento.
El Ejecutivo tiene dos meses para responder dudas y tomar medidas
Esta figura puede aportar, a nivel global, 220.000 millones adicionales