La intervención de los jueces empaña las presidenciales de Guatemala
La política de Guatemala lleva desde 2016 dividida entre quienes apuestan por un proyecto reformista, de combate a la corrupción, y los partidarios de mantener el statu quo. No hace falta esperar a la primera vuelta electoral de mañana para constatar que los segundos harán todo lo posible por consolidar el poder. La principal opción de quienes quieren un cambio, la exfiscal Thelma Aldana, no ha podido concurrir después de que se prohibiese su candidatura.
La intervención inusual del poder judicial a favor de las élites dominantes ha marcado una campaña electoral atípica, donde el hastío y la incertidumbre de quién concurrirá a la segunda vuelta predominan. Los guatemaltecos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del controvertido Jimmy Morales en medio de un intento de dar forma legal a una serie de maniobras más bien leguleyas, tendentes a eliminar a los adversarios políticos o a justificar que se hayan autorizado candidaturas con serios cuestionamientos legales.
Es un fenómeno sin precedentes desde el fin de las dictaduras militares en 1985 y cuyas víctimas
más conspicuas han sido dos de las candidatas con mayor intención de voto en las encuestas: la ex fiscal general del Estado Thelma Aldana; Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, y Sandra Torres, favorita en los sondeos. Aldana, que como fiscal general trabajó codo con codo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), logró el desmantelamiento de poderosas estructuras mafiosas enquistadas en el Estado y propició el encarcelamiento del expresidente Otto Pérez y de miembros de poderosas familias, algo que para las élites fue un atrevimiento.
La exfiscal ha repetido que esas élites conspiraron para bloquear su candidatura. Lo extiende la Contraloría General de Cuentas, una de las instancias más cuestionadas del Estado. A Aldana se le atribuye la contratación anómala de un abogado para que dictara cursos de capacitación a los fiscales.
Para el abogado Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, la judicialización es un peligro para la institucionalidad del país, ya de por sí cuestionada. “Ante la incapacidad de resolver los problemas políticos, el sistema judicial se ha convertido en una segunda instancia. Ahí radica el peligro: que las Cortes comiencen a ser los árbitros”, asegura. Sacar de la contienda a Zury Ríos, quien goza del apoyo de algunos sectores ultraconservadores, les resultó más sencillo. La Constitución impide las candidaturas de golpistas y de sus parientes.
También por el plano judicial ha pasado la candidatura de Sandra Torres. La CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad elevaron en su contra una denuncia minuciosamente documentada por financiamiento electoral no reportado. La actual fiscal general, Consuelo Porras, archivó el expediente durante semanas y solo lo hizo llegar al Tribunal Supremo Electoral 24 horas después de que Torres fuera inscrita y gozara de inmunidad. No es el único caso. Sobre otros candidatos presidenciales y aspirantes a diputaciones o alcaldías también pesan acusaciones de corrupción, sin que eso influyera en las autoridades electorales para negarles la inscripción.
Para el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, esta “judicialización” no es del todo negativa. “Hay casos de corrupción que no pueden dejar de juzgarse. Es importante que la justicia opere. Lo fundamental es que sea independiente”.