Amos del juego
El PP y Ciudadanos dan a Vox la llave para traducir su radicalidad en hechos
Los pactos alcanzados por el Partido Popular y Ciudadanos para constituir los Ayuntamientos surgidos el pasado 26 de mayo tendrán un efecto duradero sobre la gestión de los municipios y, en la medida en que son determinantes para los acuerdos que se cierren en otros ámbitos de poder, sobre la totalidad del sistema institucional. Ambos partidos tenían en su mano la posibilidad de contribuir a la configuración de un espacio político mayoritario que conjurase la crispación durante los próximos cuatro años. Bastaba con que hubieran hecho lo mismo que sus partidos afines en la Unión Europea: tejer alianzas que neutralizaran las posibilidades de chantaje sobre el sistema que viene ejerciendo la ultraderecha. En lugar de ello, han preferido desempeñar el papel de anomalía comunitaria, una vez que la experiencia austriaca de un Gobierno de la derecha y la ultraderecha concluyera recientemente en fracaso.
El objetivo del Partido Popular recurriendo a Vox para completar mayorías no es otro que dulcificar el severo castigo electoral que ha recibido en las urnas, compensando la pérdida de apoyo con el vistoso trofeo de algunas grandes ciudades. En el caso de Ciudadanos, por el contrario, la estrategia resulta indescifrable, aun en el supuesto de que lo que pretende sea hacerse con el liderazgo de la derecha. Aliándose con los populares en aquellos municipios en los que además necesitan de los votos de Vox, Ciudadanos no solo no obtiene más poder del que habría logrado con un pacto alternativo, sino que se lo entrega al partido que quiere debilitar y paga por añadidura el coste de aparecer vinculado a la ultraderecha. Falta por ver si sus electores se muestran o no condescendientes con el intento de disimular este último extremo recurriendo al truculento contrasentido de que el aliado imprescindible de su aliado no es su aliado, sino una sombra inexistente.
Incluir a la ultraderecha en las mayorías de Gobierno conlleva los riesgos manifestados durante la tramitación de los Presupuestos andaluces. El Partido Popular pactó con Vox un programa en el que se sustituían por eufemismos sus reclamaciones inconstitucionales, y Ciudadanos consintió recurriendo a la fórmula farisaica que ahora ha generalizado. Vox solo ha necesitado amagar para obtener de sus aliados las contrapartidas que ha estimado oportunas. Constituidos las Ayuntamientos, las posibilidades de este género de chantaje se multiplican, dejando en evidencia el tenebroso callejón hacia el que el Partido Popular y Ciudadanos han empujado la política española: ellos la radicalizaron verbalmente, pero le han entregado a Vox la llave para traducir la radicalidad en hechos.
El derrotero adoptado por los pactos municipales coloca al candidato socialista, Pedro Sánchez, ante la tesitura de contar con los independentistas en el momento de su investidura o repetir las elecciones. Es de esperar que el Partido Popular y Ciudadanos no tengan la osadía de reclamar como éxito propio lo que, en realidad, es la descorazonadora derrota que su estrategia ha infligido a todos: entendiéndose ellos con la ultraderecha obligan al partido socialista a entenderse con los independentistas, de modo que, en lugar de reforzar el sistema democrático frente a los extremos, se les hace gratuitamente entrega de los mecanismos para chantajearlo. Aceptándolos como árbitros del juego institucional se les facilita lo que están persiguiendo: convertirse en sus amos. por su combate a la corrupción ejercida por miembros de las clases influyentes. Sus investigaciones llevaron a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y otros importantes empresarios. No es la única candidatura vetada. Lo mismo le sucede a la de otra importante competidora, también bien situada en las encuestas, Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt.
Estos movimientos arrojan sombras sobre un país que se había convertido en un ejemplo en una región tan convulsa como Centroamérica en sus esfuerzos para tratar de atajar la corrupción. La actuación de un organismo independiente respaldado por Naciones Unidas, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha sido fundamental tanto en el esclarecimiento de violaciones de los derechos humanos como de casos de corrupción institucional. Sin embargo, cuando las investigaciones se centraron en las presuntas irregularidades cometidas durante la elección del actual presidente, Jimmy Morales, este rompió el acuerdo que Guatemala tenía con la ONU que garantizaba el funcionamiento de la Comisión. Morales acusó a la CICIG de actividades anticonstitucionales y abuso de poder, extremos ambos negados tanto por Naciones Unidas como por el Tribunal Constitucional de Guatemala. El mandatario terminó por expulsar a la organización del país.
Esta respuesta oficial a la lucha contra una de las peores lacras que sufre Guatemala ha provocado la desafección del electorado, que ha visto cómo sus candidatas preferidas eran apartadas de la carrera presidencial y ahora tienen que elegir entre un nutrido grupo de candidatos donde no abundan las críticas al oficialismo. Las elecciones llegan además en un momento especialmente complicado en el plano internacional después de que Donald Trump haya anunciado que suspenderá todo tipo de asistencia a varios países centroamericanos —entre ellos, Guatemala— por “no hacer nada” para detener las caravanas de migrantes.
El nuevo presidente tendrá el importante reto de restablecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, algo muy complicado si no se permite el retorno de los funcionarios que se han destacado en la lucha contra la corrupción y los derechos humanos.