Un caso con indicios y lagunas
Las sospechas del fiscal y los jueces sobre la dirigente valenciana no se sustentan, de momento, en pruebas directas
Valencia algún momento de 2016, una menor de 14 años, tutelada e interna en un centro concertado con la Generalitat valenciana, relató a una amiga haber sido víctima de abusos. Se iniciaba así un caso que ha puesto políticamente contra las cuerdas a la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, imputada por supuestamente encubrir los hechos, que afectaban al que ahora es su exmarido. Estas son las claves del sumario.
Tras hablar con su amiga, la menor relató los supuestos abusos a su novio y a los padres de este que, en febrero de 2017, la acompañan a hablar con una trabajadora social. Al día siguiente repiten el relato ante un policía, ante el que la niña dice que no quiere denunciar. El 20 de febrero la trabajadora social informa a la dirección territorial de la Consejería de Políticas Inclusivas. Se informa al supuesto agresor
—entonces marido de Mónica Oltra— y se le aparta del servicio. Según los funcionarios, se animó a la menor a denunciar pero, en un principio, no se le dio crédito por la falta de concreción de su relato. El 28 de febrero, una psicóloga explora a la chica y concluye: “No ha aparecido ningún indicio, palabra o frase a partir del cual pudiéramos investigar la posibilidad de la existencia de una experiencia en la que ella se sintió abusada sexualmente”. El 22 de junio, la menor aprovecha la presencia de dos policías en el centro y, animada por su novio, les relata los abusos y les traslada su temor porque el agresor “tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una consejería y sale por la tele”. El 27 de junio, la Policía comunica los hechos a la Fiscalía de Menores, que inicia la investigación. El 24 de agosto otro informe psicológico concluye que el testimonio de la menor es “poco creíble”.
El expediente de la consejería resalta “el fuerte carácter de la menor, que había provocado diferentes incidentes en el centro, que abarcaban desde agresiones e insultos a los educadores hasta sustracción de pertenencias de sus compañeras, mala asistencia escolar y mal comportamiento en las clases, llegando a ser expulsada temporalmente, habiéndose fugado del centro en varias ocasiones”.
Ninguno de los funcionarios y trabajadores del centro donde se encontraba la menor han señalado la existencia de órdenes por parte de la responsable de la consejería de Mónica Oltra para tapar el caso o desacreditar a la menor.
En febrero de 2022, tras la denuncia de la víctima, que ahora ya es mayor de edad y está defendida por el líder de la formación ultra España 2000, y la querella presentada por la cofundadora de Vox, Cristina Seguí, el juez imputa a seis funcionarios de la Consejería de Políticas Inclusivas, además de a la directora y a una psicóloga del centro de acogida de menores ante la sospecha de que la apertura del expediente administrativo, una vez iniciada la investigación judicial, se realizara para tratar de encubrir el caso. En marzo imputa a otros cinco y tres días después, Mónica Oltra declara: “Ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz y puedo dar todas las explicaciones que quieran aquí y donde haga falta”. “Yo encargué el expe