Bares y cafés denuncian la inacción de Collboni ante los abusos de la degustación
El Gremio de Restauración asegura que negocios como los supermercados 24 horas o las fruterías les hacen la competencia desleal incumpliendo varias ordenanzas
Bares y restaurantes de Barcelona denuncian una persecución por parte del Ayuntamiento de la capital catalana. El Gremio de Restauración asegura que, mientras que sus afiliados sufren una dura política de inspecciones y sanciones, establecimientos como los supermercados abiertos 24 horas, fruterías y panaderías con oferta de degustación les hacen la competencia sin recibir, apenas, visitas de los inspectores municipales.
El supermercado Baba del número 300 de la calle de la Diputació destaca con sus carteles rojos y blancos. Letreros que son idénticos a los de los 2.400 establecimientos del mismo tipo que abren casi toda la jornada y los siete días de la semana. De nada sirve que el Baba se encuentre en los bajos de las casas Domènec Coll —construidas en 1886 y catalogadas como patrimonio cultural catalán— para intentar buscar un gusto a la estética en este comercio. Hasta 2018 había allí una tienda de decoración. El Baba, que no supo sacar partido a los escaparates y colocó estanterías delante de ellos, pronto instaló un enrejado dentro del local para evitar pequeños robos de bebidas o preservativos. Desde hace unos meses, el enrejado ya no está dentro de la tienda sino soldado a la estructura exterior. “Antes rompían el cristal continuamente para llevarse cosas”, admite quien lo regenta. Los bajos de la Domènec Coll tienen ahora el aspecto de un gallinero.
El Ayuntamiento admite que el supermercado incumple la ordenanza de usos del paisaje urbano. Una portavoz del Consistorio asume que hay “muchos” establecimientos que la infringen al colocar “rótulos identificativos o banderolas que no se ajustan al criterio normativo”. El problema llega a la hora de sancionar. “Si hay una queja, se inspecciona y se multa. Pero por el dimensionamiento del servicio, ahora no hay una campaña proactiva de inspección”, reconoce.
Los bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad denuncian que sus negocios —a diferencia de los supermercados de 24 horas— tienen una “presión inspectora desproporcionada”. El director del Gremio de Restauradores de Barcelona, Roger Pallarols, habla claro: “En esta ciudad solo se nos inspecciona a los restauradores. Nadie cuestiona que haya normas para la hostelería, pero no se revisan otras actividades comerciales que incumplen normativas tan importantes como la obligación de no colocar objetos en las fachadas para proteger a los invidentes”.
El gremio puso en marcha en 2019 una cruzada contra las llamadas panaderías con degustación de franquicias como 365, Vivari, Granier o Santagloria, que abundan especialmente en el Eixample. Los restauradores consideran a estos negocios una competencia desleal a base, de nuevo, de incumplir con la normativa. Pallarols los califica de “bares encubiertos” y cree que “no deberían existir”. La patronal ha denunciado a 70 panaderías, echando mano de la ordenanza municipal que limita a un máximo de 20 metros cuadrados la zona de degustación de estos negocios, por lo que el aforo máximo debería ser de 14 personas (en restauración se calcula 1,5 metros cuadrados por persona). “En un local que superaba el aforo contamos 94 sillas.
Además, no se les permite vender alcohol pero siguen ofreciendo cerveza. Utilizan conceptos comerciales como el ‘menú’ que solo podemos utilizar los restauradores y ofrecen ensaladas, croquetas e incluso carne cuando solo pueden vender productos de su especialidad”, resume.
El Consistorio ha contabilizado 579 establecimientos de degustación en la ciudad a los que deben sumarse 176 que tiene la licencia de panadería con degustación y, también, la de restaurante. La denuncia del gremio siguió sus cauces y cuatro años más tarde el
lobby volvió a revisar los 70 locales denunciados comprobando que en el 85% mantenían las ilegalidades detectadas. “El Ayuntamiento hizo comprobaciones pero no hubo sanciones ni órdenes de cese”, dice Pallarols. Los trabajadores de las panaderías, además, tienen otro convenio por el que cobran “400 euros menos que un camarero”, agrega para justificar la denuncia de competencia desleal.
Fuentes del Consistorio dicen que están “analizando la situación”, pero echan balones fuera advirtiendo que es la Autoridad Catalana de la Competencia de la Generalitat la que debe determinar si hay “competencia desleal”. Un portavoz municipal sostiene que no ha habido “quejas vecinales destacables” por las actividades de estas panaderías con degustación y concluye que el Ayuntamiento mantiene una actividad “inspectora regular” aunque siempre desde “un equilibrio en cuanto a la disposición de recursos municipales y priorizando la inspección de todas aquellas actividades que generan quejas relacionadas con la seguridad, la sanidad alimentaria, ruidos o molestias a la ciudadanía”. Es decir, como no hay quejas vecinales no hay inspecciones.
Álex López es propietario de varios restaurantes especializados en arroz del Grupo Xàtiva: “Que no se me ocurra poner una mesa más en la terraza porque tengo a la Urbana multando. No pasa nada si las fruterías, supermercados o las panaderías con degustación incumplen la norma”. De hecho, sostiene que gracias a esa competencia desleal estos negocios han conseguido las “mejores esquinas y locales de la ciudad”.
EL PAÍS se ha puesto en contacto con varias cadenas de panaderías con degustación pero todas han rehúsado responder a las críticas de los restauradores. El Ayuntamiento dice que el año pasado realizó 484 inspecciones —no revela su resultado— a establecimientos alimentarios entre los que se encontraban los supermercados 24 horas y las panaderías con degustación. Ninguna fue por incumplir la ordenanza de paisaje urbano. “Pobre de mí si coloco un toldo o una luz en la terraza de mi restaurante. Vienen y me multan. El resto de negocios, como no son de restauración, hacen lo que quieren”, lamenta también Anna Matamala, que es la propietaria del restaurante Moka en la Rambla.
El director del sector afirma que hay panaderías que “no deberían existir”
El Ayuntamiento de Barcelona realizó el año pasado 484 inspecciones