La rebaja del 30% de pisos sociales no gusta ni a Colau ni a los constructores
La receta de los expertos para flexibilizar la norma urbanística que obliga a los promotores en Barcelona a destinar a vivienda social un 30% de los pisos que construyen no gusta ni a los comunes de
Ada Colau (que impulsaron la norma aprobada en 2018); ni a la patronal de los constructores (que la han rechazado desde que era solo un proyecto). El partido de la exalcaldesa entiende que el retoque a la norma, adelantado por este diario, “liquida” su filosofía y lo ve “inaceptable”.
Collboni, que gobierna en minoría, necesita apoyos en el Ayuntamiento para sacar adelante la reforma y los dos grupos que a priori pedían el mismo cambio, Junts y ERC, aseguran que estudiarán la propuesta. Fuentes del Gobierno municipal recuerdan que falta “aterrizar técnicamente” el documento en las normas urbanísticas y negociarlo con los grupos, lo que no permitirá llevarla a aprobación hasta después de las elecciones del 12-M.
El grupo de entidades que defienden el derecho a la vivienda y promovieron la redacción de la norma emitió ayer un comunicado en el que dice que “ha recibido un boicot desde el minuto cero” y asegura que, “ahora, un alcalde doblegado a los intereses inmobiliarios que no controla su aplicación, recoge el guante para recortarlo”. Desde Barcelona en Comú, la concejal Janet Sanz, que llevó la cartera de urbanismo durante los gobiernos de Colau (20152023) ve la propuesta de los expertos “inaceptable”.
El presidente de la patronal APCE, Xavier Vilajoana, aseguró ayer que el texto preparado por los expertos a petición del Ejecutivo municipal “dará muy poco juego a la práctica, muy pocas opciones al mercado real”. “Quien vende y quien compra un suelo debe tener las cosas muy claras, y esto es una mezcla que quiere contentar a demasiada gente”, dijo.