La oficina de igualdad de trato recibe más de 500 denuncias en dos años
La mayoría de los casos que recibe la entidad nacida en 2022 se archivan por la dificultad probatoria y solo una pequeña parte acaba en expedientes sancionadores
La Oficina de Igualdad de Trato y No-discriminación de la Generalitat lleva dos años en marcha, y, a todo gas, el último, con un equipo de 14 personas implicadas en concienciar, formar y sancionar comportamientos que, en la mayoría de las ocasiones, las personas infractoras no son conscientes de que están prohibidos. Solo unas pocas veces, sus protagonistas actúan con intención y voluntad. Es el caso de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, líder del partido xenófobo Aliança Catalana, a la que un ciudadano denunció por una entrevista en 8TV en la que consideraba que estigmatizaba a los inmigrantes. Finalmente, el organismo, que dirige Manuela Fernández, la ha multado por una falta grave de la Ley de igualdad y no discriminación (aprobada en 2020), con 10.000 euros. Es una de las 517 denuncias que ha recibido en dos años el organismo.
“Me sabe mal cuando se hacen públicos los procedimientos antes de que acaben”, lamenta Fernández, sobre la publicidad que la propia Orriols ha dado a la sanción antes de que fuese firme, presentándose como una víctima de la censura. Fernández critica que se ponga en duda la labor de la Administración para actuar contra conductas discriminatorias, y recuerda que la ley se aprobó con el apoyo de todos los partidos parlamentarios. También recalca que la inmensa mayoría de las denuncias que reciben se archivan precisamente por las garantías del proceso y la necesidad de carga probatoria. En 2022, de las 127 denuncias, dos acabaron en un expediente sancionador, y en 2023, de las 282, 19. En 2024, han recibido ya 108 casos, que todavía están tramitándose. “En el procedimiento hay alegaciones, lógicamente. Luego puede poner un recurso de alzada y después ir al contencioso-administrativo, donde tenemos un par de casos”, argumenta.
Pero que cueste sancionar —“estamos en sintonía con los porcentajes de otras oficinas, como la de Nueva York”, aclara Fernández— no significa que no se trabaje y se busquen soluciones, que muchas veces evitan precisamente el castigo. “No es solo la sanción, iniciamos procesos restaurativos”, explica, y pone el ejemplo, sin facilitar detalles concretos, de una denuncia por una situación de discriminación que un ciudadano vivía en un supermercado. “La persona que lo cometía no era consciente del mal que hacía. La víctima cambiaba su rutina diaria por cómo se había sentido tratada en este establecimiento”, cuenta. En cada expediente, actúan un jurista y una persona centrada en la atención a la víctima. En 2023, iniciaron 23 procesos restaurativos.
Las situaciones que más se denuncian tienen que ver en primer lugar con “situaciones compatibles con las distintas formas de racismo” (35%), en segundo lugar por sexo y género (18%) y la LGTBIfobia (15%), capacitismo (11%) y, por último, otros casos (21%) que pueden estar relacionados con cuestiones de lengua, de condición social, de aspecto físico, de edad... Aunque, en ocasiones, insiste la directora, el motivo por el que uno cree que está siendo discriminado no es el mismo que finalmente se demuestra tras el expediente administrativo.
Una de las claves es también explicar a la víctima que se trata de un proceso largo, complicado de demostrar y que seguramente no resolverá el problema que le llevó a denunciar. Pero sí supone “un antes y un después” para evitar que ciertos comportamientos se repitan y afecten a más personas. “Muchas de las discriminaciones que queremos corregir con la ley están socialmente aceptadas, totalmente interiorizadas. Muchas veces se reproducen inconscientemente, pero eso no quiere decir que no se haga mucho daño y que además sea ilegal”, insiste. También repite que aunque parezca un “eslogan”, se “coloca a la víctima en el centro”, iniciando cada expediente con un “espacio de escucha”, ya sea telemático o presencial, donde se recoge información y “la voz” de los afectados, a los que se asiste, independientemente de si acaba o no en sanción.
Las acciones no son solo contra particulares, también las hay contra empresas, como una denuncia a la firma de moda Brandy Melville por ofrecer solo tallas pequeñas. “No se pudo demostrar la discriminación, y se archivó”. Y contra la administración: una de las actuaciones polémicas de la oficina fue su aviso a los ayuntamientos que impedían el toples o dar el pecho en las piscinas.
La directora insiste en que las personas “aparentemente privilegiadas” también sufren discriminación, y en la necesidad de hacer pedagogía.
La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha sido multada con 10.000 euros
El ente también inicia procesos restaurativos para evitar el castigo