La pareja de Ayuso busca un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir su pena
González Amador acude a los juzgados de instrucción con una peluca para no ser reconocido
Un ejercicio de escapismo y surrealismo inusual se vivió ayer en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaba citado a las 10.00 en el juzgado de Instrucción 19. Una hora después, su vista se suspendió y, para evitar ser visto por los medios de comunicación, permaneció tres horas por los juzgados, donde acudió con un aspecto casi irreconocible: afeitado, con el pelo corto, con un traje azul marino y con una peluca gris para pasar desapercibido.
González Amador está acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública por un fraude tributario que asciende a más de 350.000 euros y otro de falsedad documental. La vista de ayer duró alrededor de 10 minutos. Según fuentes conocedoras del caso, la declaración del novio de Ayuso — junto a la de los otros cuatro investigados— se ha pospuesto para el 24 de junio. Sin embargo, estas fuentes apuntan a que durante este breve encuentro entre las partes también se ha hablado en un tono informal sobre un acuerdo de conformidad. La pareja de Ayuso, por tanto, admitiría alguno de estos delitos para conseguir una rebaja de penas.
De hecho, no es la primera vez que lo hace. El abogado de González Amador envió el 2 de febrero a la Fiscalía un documento donde admitía que su cliente cometió dos delitos fiscales y detallaba también la sanción a la que se compromete para evitar entrar en prisión: ocho meses de cárcel y pagar 520.000 euros. La Fiscalía tomó en su momento nota de esa voluntad de pacto, antes de enviar el caso al juzgado, y es ahora cuando comienza la negociación.
Las defensas pueden cerrar estos pactos hasta el mismo momento en que empieza el juicio, en busca de atenuantes para rebajar las condenas. Y, por ello, en este tipo de acuerdos pesan mucho las penas que pueden llegar a pedirse. En el caso del novio de Ayuso, el horizonte judicial no resulta nada halagüeño: en la querella se le atribuyen dos delitos fiscales, castigado cada uno con hasta cinco años de cárcel (además de multa); y otro delito de falsedad documental por la trama de facturas falsas, para el que se contempla una pena de entre seis meses y tres años de prisión.
Decenas de periodistas se apostaron en la mañana de ayer en las tres entradas del edificio antes de la hora de comienzo de la vista. También en la planta sexta, donde un grupo más reducido aguardaba en un pasillo la llegada de González Amador. Sin cámaras, porque está prohibido grabar. Además, el jefe de seguridad había dispuesto un despliegue especial con refuerzos en todos esos puntos. Pero la pareja de Ayuso les dio esquinazo a todos.
González Amador no fue reconocido a su entrada al edificio ni por la prensa ni por los vigilantes. El jefe de seguridad tuvo que entrar a las oficinas del juzgado 19 para verificar que el investigado había entrado, porque ninguno de sus empleados había sido capaz de identificarlo. El jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también accedió a las dependencias. Dentro, comprobaron que la persona que decía llamarse Alberto González Amador en nada se parecía a las pocas fotos disponibles de él. En las imágenes más conocidas, paseando junto a la presidenta madrileña, tomadas por Lagencia Press, se le ve con media melena y barba oscura. Parece alto al lado de Ayuso. Sin embargo, el hombre que se hallaba en el 19 tenía una estatura mediana, el pelo prácticamente rapado, y se había afeitado.
En el pasillo esperaban tres abogados representantes de González Amador, el fiscal Diego Lucas, —sustituto de Julián Salto, acusado por la pareja de Ayuso de revelación de secretos—, la Abogacía del Estado y los letrados de la acusación popular de Más Madrid y PSOE. El inicio de la vista se vio retrasado por un problema informático. Cuando las partes accedieron a la sala, el asunto se resolvió rápido. Todos estuvieron de acuerdo en suspender las declaraciones hasta el 24 de junio. El motivo del retraso, según fuentes judiciales, es que no se había podido notificar la cita a su presunto colaborador mexicano, Maximiliano Niederer, y tampoco se había podido tramitar la videoconferencia con los juzgados de Sevilla para que declaren el martes los colaboradores del municipio sevillano de Arahal.
A las 11.08, González Amador salió raudo de las oficinas del 19. En lugar de caminar por el pasillo pasando por delante del grupo de periodistas, enfiló solo hacia un lateral donde se pueden tomar ascensores y escaleras. Tres guardas bloqueaban el acceso de los reporteros a esa zona. Los periodistas solo pudieron ver cómo se alejaba un hombre con pelo corto con una americana azul marino.
Fue entonces cuando comenzó de nuevo un juego del gato y el ratón que duró casi tres horas. Unos testigos le dijeron a Europa Press que habían visto a González Amador con una peluca. El guarda de seguridad que habló con EL PAÍS precisó que le vio enfundado con ese añadido solo un minuto después de haber salido del 19. Caminaba solo por las escaleras, pero en lugar de buscar la dirección de salida, volvía a subir hacia la sexta planta. Era una peluca de calidad. Una fuente muy cercana a la presidenta niega que González Amador portara peluca ayer, y uno de sus abogados, Carlos Neira, evitó responder.
Sus abogados abandonaron la sede judicial minutos después de la vista, pero nadie vio la salida de González Amador. Ni el jefe de seguridad ni el jefe de prensa del TSJM sabían responder si el investigado seguía dentro del edificio. Un vigilante aseguraba que estaban revisando las cámaras para comprobar qué había pasado.
El despliegue especial de seguridad, que normalmente se suspende en cuanto sale el personaje de interés, continuaba a las 13.30. La prensa seguía aguardando en las tres entradas. Finalmente, él salió poco antes de las 14.00. Ya sin la peluca, se cubrió la cara con su teléfono. Los recogió un taxi. “¿Alberto?, ¿eres Alberto?”, preguntó un reportero. Los medios que presenciaron el momento apenas captaron su rostro.
La vista apenas duró 10 minutos y fue pospuesta para el 24 de junio
En la querella se le atribuyen dos delitos fiscales y otro de falsedad documental