Contribuciones técnicas al 5G
que batallar, puesto que los halcones pretendían limitarlo solo a la ejecución de reformas estructurales. Durante la reunión, señalaron fuentes diplomáticas, el ministro holandés, Wopke Hoekstra, y Calviño chocaron en no pocas ocasiones. “Hemos conseguido que el instrumento no se dirija a una orientación que fuera contraria a los intereses que hemos venido defendiendo”, dijo la ministra.
Los puntos controvertidos
Los términos acordados también fijan que las reformas y las inversiones obedecerán a las líneas fijadas por los países miembros, que se irán revisando anualmente. En función de los costes estimados, los socios recibirán contribuciones financieras directas desde ese fondo. Y periódicamente se evaluarán los proyectos y, en caso de que estos evolucionen de forma “no satisfactoria”, los pagos serán “suspendidos”.
Otras dos cuestiones clave para España, según fuentes diplomáticas, se discutieron con especial intensidad. Durante los últimos seis meses, los halcones insistieron en supeditar la recepción de los fondos a condiciones macroeconómicas o presupuestarias similares a las que se imponen con los rescates. Sin embargo, no lo lograron, de modo que se exigirán las mismas condiciones que para acceder a fondos de cualquier programa comunitario.
En el otro aspecto controvertido, Holanda sí pudo anotarse un tanto. España defendía que el presupuesto debía contener elementos anticíclicos. Y en versiones anteriores del acuerdo, se había incluido una fórmula que aportaba una cierta función de estabilización durante épocas de vacas flacas. Puesto que los proyectos elegidos deberán contar con financiación estatal, se fijaba que en caso de crisis el país podía dejar de realizar la aportación y seguir recibiendo recursos comunitarios. Holanda se negó a esa redacción. Aun así, esta quedó abierta y finalmente establece que la “tasa de cofinanciación nacional podrá variar” de acuerdo con criterios “transparentes” y “comúnmente acordados”.
Sin embargo, los ministros encallaron en varios asuntos clave: la financiación, la gobernanza y la cuantía. Fuentes comunitarias aseguraron la dotación del fondo puede pactarse en la discusión del Marco Financiero Pluarianual. Aun así, hablan de una cifra modesta: 17.000 millones de euros en siete años. “El nuevo presupuesto puede empezar siendo pequeño, pero hay que darle potencia para hacerlo crecer”, sostuvo Le Maire. Francia y España tienen otra propuesta para ello, el seguro de desempleo comunitario, aunque para llegar a ese puerto la cuesta es más empinada y el pelotón está más desperdigado.
Tampoco hubo consenso en cómo se financiará el presupuesto. Los ministros decidieron pasar la pelota a los jefes de Estado y de Gobierno, quienes se reunirán la semana que viene. Calviño dudó que ahí lleguen a un acuerdo. En plenas negociaciones para renovar los jefes de las instituciones, se antoja complicado que esa carpeta vaya a copar los pocos días que quedan hasta el Consejo.
El despliegue de las redes de quinta generación de telefonía móvil supone un reto sin precedentes. “La sociedad va a depender, en una medida muy superior a lo conocido hasta ahora, de una tecnología que aún no está probada desde el punto de vista de la seguridad. Sus implicaciones en materia de derechos y libertades no han sido suficientemente estudiadas. Si se implanta el 5G sin tomar precauciones, luego será muy difícil rectificar”, advierten responsables del Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del servicio secreto CNI.
El tiempo apremia. Vodafone pone hoy en marcha la primera red comercial de conexión ultrarápida en 15 ciudades españolas (incluidas Madrid o Barcelona), con participación de Huawei en la red, pero no en los terminales. La plena implantación del 5G tardará algo más: entre 2020, cuando se complete la subasta de frecuencias, y 2025.
La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembro que le remitan, antes del 30 de junio, una evaluación de los riesgos, tanto desde el punto de vista técnico como legal. El objetivo es que, antes de final de año, Bruselas dicte los requisitos que deben cumplir las redes europeas de quinta generación.
Las fuentes consultadas descartan que la UE vete a las compañías chinas Huawei o ZTE (“una medida así crearía un enorme agujero a las operadoras”, advierten fuentes conocedoras Diciembre de 2018
Contribuciones al estándar Patentes esenciales
Huawei Ericsson HiSilicon (filial de Huawei) Nokia (incl. Alcatel Lucent) Qualcomm Samsung Electronics ZTE Intel LG Electronics China AT Technology NTT DOCOMO MediaTEk NEC Samsung Electronics Huawei ZTE Ericsson Qualcomm LG Electronics Intel Sharp China AT Technology Nokia (incl. Alcatel Lucent) InterDigital Technology del sector), aunque pronostican que EE UU hará todo lo posible para que la UE siga sus pasos. Para evitar que los países europeos tengan que enfrentarse por separado a las presiones contradictorias de Washington y Pekín, la UE ha tomado cartas en el asunto, aunque aun 11.423 10.351 no está claro si aprobará una directiva de obligado cumplimiento o solo recomendaciones de carácter voluntario.
Para dar respuesta a la demanda de Bruselas, España ha puesto en marcha dos grupos de trabajo, uno con las operadoras, presidido por la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información: y otro gubernamental, pilotado por la Dirección General de Seguridad Nacional.
Sus conclusiones se han plasmado en un documento de casi 60 páginas que propone, entre otras medidas, la “diversificación de los suministradores”, evitando la excesiva dependencia de unos pocos proveedores. Además, para reforzar la resiliencia del sistema ante una avería o un sabotaje, plantea la “redundancia de los equipos identificados como críticos”, la “gestión distribuida” (es decir, la posibilidad de gestionar la red desde diferentes puntos) o la implantación de “sistemas de reconfiguración automática [de la parte dañada] en caso de fallo”. Fuentes gubernamentales aseguran que España está en condiciones de aplicar con rapidez las instrucciones (vinculantes o no) de la Comisión, a través de un decreto que cuelgue de alguna ley ya vigente.
Uno de los puntos más complejos es la posibilidad de certificar la seguridad de las tecnologías 5G. Hasta ahora, a los equipos 4G solo se les exige un certificado de safety (seguridad ante averías o fallos de funcionamiento), pero no de security (protección ante injerencias o ataques exteriores). Fuentes del CCN aseguran que, dada la vulnerabilidad que entraña la nueva tecnología, al menos los elementos críticos deben ser evaluados y certificados.
El centro español responsable de la ciberseguridad, junto a sus homólogos de Alemania y Francia y en cooperación con varias operadoras, ha lanzado una iniciativa para crear una red paralela de 5G. “Será una especie de laboratorio de ensayo que nos permita probar los equipos en condiciones reales”, explican fuentes del CCN.
Desconfianza de Pekín
Corresponderá a la Comisión Europea, asesorada por ENISA, la agencia europea de ciberseguridad, fijar los requisitos cuyo cumplimiento deberá verificar la red de laboratorios europeos especializados. No habrá listas negras, pero sí requisitos de seguridad preceptivos para operadores y suministradores de bienes y servicios.
Más allá de la guerra comercial, la desconfianza hacia las firmas chinas puede tener fundamento: gran parte de sus directivos procede de los servicios de inteligencia militares y el Estado chino las riega con cuantiosas ayudas. Su legislación las obliga a entregar a las autoridades cualquier información que pidan, aunque las empresas alegan que esta servidumbre se limita a los datos obtenidos dentro de China.
Hasta ahora no se ha probado que Huawei actúe como quinta columna de Pekín. Cuando técnicos británicos descubrieron un atajo que permitía controlar un equipo, sus directivos alegaron que se trataba de una puerta trasera habilitada durante el periodo de prueba que alguien se olvidó cerrar. No se sabe qué inquietaba más: si que fuera un sistema sofisticado de espionaje o una chapuza.