Entrevista a Pablo Casado (PP)
“Es el peor momento para reformas. Hay independentistas que quieren demoler España”
En una de las estanterías de su recién estrenado despacho, el nuevo líder del PP tiene las obras completas de José María Aznar. La luz del sol se filtra a través de la bandera de España con la que está empapelada la ventana situada a la izquierda de su mesa. El presidente del PP, Pablo Casado (Palencia, 1981), insiste durante la hora de entrevista en la idea de que no es posible abordar una reforma de la Constitución porque falta el consenso necesario y sobra el desafío independentista del Gobierno catalán. Pese a ello, desgrana sus ideas sobre los cambios que otros plantean, acepta que hay cosas mejorables pero recalca que lo prioritario es aplicar la Constitución. Por ejemplo, recuperar el artículo 155 para intervenir Cataluña.
PREGUNTA. ¿Aguanta la Constitución otros 40 años sin reformas?
RESPUESTA. La Constitución no acusa la crisis de los 40. Es como todas las constituciones de los países con textos marco que permiten un desarrollo legislativo y por tanto no necesitan más que reformas puntuales como las que se han hecho en dos ocasiones en España para el sufragio de europeos en las municipales y para el pacto fiscal europeo. No es el momento de abrir en canal nuestra Carta Magna ni creo que tengamos un acuerdo con unos interlocutores como los que tuvimos en 1978. Si se tuviera que modificar se tendría que hacer al menos con el mismo consenso que hace 40 años.
P. ¿Es mejorable el modelo territorial de la Constitución?
R. Nuestra propuesta es que no hay que centripetar el Estado o acabar con el Estado de las autonomías sino simplemente ser leal a las competencias que las comunidades administren y si se administran mal se puede desarrollar legislativamente una distinta administración. Por eso las reformas educativas o sanitarias o del sistema del bienestar o en infraestructuras o de la administración de justicia se pueden desarrollar por vía normativa sin necesidad de tocar el título octavo. En estos 40 años ha habido una deslealtad por parte de algunas autonomías nacionalistas y por eso nuestra propuesta es dejar muy claro qué competencias tienen que depender del Estado. Que las autonomías tengan lenguas cooficiales no quiere decir que el castellano se expulse del sistema educativo porque solo hay un sistema educativo que es el español.
P. Hay una propuesta de catedráticos de derecho constitucional para una reforma federal que pasa por concretar mejor el reparto de
competencias e incluso incluir las singularidades de Cataluña en una disposición adicional de la Constitución. ¿Es usted partidario?
R. Se puede clarificar, pero no necesariamente en una reforma constitucional. Si tomo el dictamen de Rubio Llorente como punto de partida estoy de acuerdo con muchos de sus preceptos. Podríamos estar de acuerdo en que hay que modificar la sucesión a la Corona, que hay que concretar qué autonomías hay en España o más referencia a la Unión Europea o asumir incluso el reto de la disposición transitoria de Navarra que en mi opinión es el tema más urgente, susceptible de reforma para suprimirla. Dicho eso, veo que ninguna de esas cuestiones, quitando quizá la navarra, son tan apremiantes como para abrir un debate en el que no tendríamos enfrente los mismos interlocutores del 78, en vez de Solé Tura tendríamos a Iglesias, en vez de Roca a Puigdemont… No hay mimbres para hacer un nuevo texto porque no hay las mayorías que permitirían que ese texto saliera con un consenso similar. Y además, no he escuchado a ningún partido plantear una reforma concreta de la Constitución. Parece que cada 40 años tenemos que cambiar de sistema y no es así. EEUU lleva siglos con la misma Constitución.
P. Alemania hizo 60 reformas en 40 años, España, solo dos.
R. Sí, pero la reforma agravada en España significa disolución de Cortes, referéndum, que es lo que no ha hecho Alemania. La última reforma que hizo Alemania es muy curiosa: los länder más ricos le ceden competencias al Estado federal precisamente para que la solidaridad interterritorial sea eficaz, es decir justo lo contrario a lo que está pasando en España. Hay un principio de la constitución alemana que yo echo en falta en la española; las dos tienen el principio de solidaridad interterritorial, pero la alemana tiene un principio de lealtad institucional que no tiene la nuestra y ese principio obligatorio, fundacional, nos hubiera ahorrado muchos problemas.
P.¿Cambiaría el modelo de estado de Monarquía a República?
R. No hay ahora mismo una demanda social para meterse con la fórmula de Gobierno. El jefe del Estado está cumpliendo con su labor constitucional de forma brillante y reabrir esas costuras en las que los españoles con una altísima participación decidieron cuál era su forma de Gobierno, ahora mismo no hay base parlamentaria para hacerlo. P. Durante la discusión en la comisión constitucional de 1978, Fra-
ga planteó que la aprobación para la aplicación del artículo 155 se hiciera en el Congreso y no en el Senado. ¿Tras la experiencia con Cataluña, cambiaría ese artículo?
R. El problema que veo es que no se aplique ahora. Cuando planteo aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña lo que digo es que es importante ver qué extensión temporal tiene que tener, que no debe ser la que planteaba Ciudadanos, solo para convocar elecciones de inmediato, y qué extensión competencial, que no debe excluir la educación, TV3 o los Mossos como planteó el PSOE. ¿Eso quiere decir que se hizo mal y que al final no supuso nada? No. Fue muy importante. Pero también nos ha dado una enseñanza y es que a la hora de volverlo a aplicar, tenemos que hacerlo hasta que se recupere la neutralidad en el espacio público, la legalidad, la prosperidad económica y la convivencia, algo que no se ha producido. De hecho, en cuanto ha vuelto el gobierno independentista ha recuperado estructuras de Estado, ha vuelto a la manipulación informativa y al adoctrinamiento educativo. Tenemos que aplicarlo nombrando desde el Estado a los consellers el tiempo que haga falta y tiene que afectar a la educación, a los medios de comunicación públicos, a la policía autonómica y a la administración de las instituciones penitenciarias. P. ¿Habría que reformar el Senado para darle más poder?
“Hay que aplicar de nuevo el 155; y que afecte a la educación, a Mossos, prisiones y TV3” “Si se quitan los aforamientos, hay que quitarlos todos y suprimir la acción popular”
R. El Parlamento en España cumple una triple función: la representación, el control al gobierno y la legislación. Además, el Senado tiene una cuarta vertiente y habría que valorar hasta qué punto está siendo efectiva, que es la territorial. Eso se ve a través de la comisión de comunidades, en algún precepto constitucional como el artículo 155 y con alguna cuestión reciente como la ley de estabilidad presupuestaria que también preserva al Senado no solo la segunda lectura sino también la aprobación en la Cámara en doble dirección. Por tanto cualquier reforma del Senado no depende solo de una reforma constitucional sino con darle esas competencias. P. ¿Cambiaría la Ley Electoral? R. El modelo electoral español en términos churchilianos es el menos malo de los posibles. La Ley d’Hont es una ley en la que la proporcionalidad a veces tiene sobrerepresentación de algunos partidos. La alternativa, más allá de modelos híbridos, como el alemán, es un sistema mayoritario en el que curiosamente creo que la opinión pública lo vería más injusto. No habría que reformarla, si nosotros ahora hiciéramos algo para evitar casos como el de 2015 o 2016 de ingobernabilidad o que estemos ahora mismo en manos de partidos minoritarios independentistas por la moción de censura… si se quiere una prima al partido ganador, la Constitución lo permite porque cifra los escaños en el congreso de 350 a 400. Por tanto se podría hacer un desarrollo normativo diciendo: y además habrá una prima de x escaños al partido que gane las elecciones.
P. Sugiere Aznar que la reforma constitucional solo se puede hacer cuando esté resuelto el problema catalán...
R. Estoy de acuerdo. Es el peor momento porque hay unos independentistas que están intentando demoler la Constitución y España. No creo que en época de tribulaciones sea bueno hacer mudanza.
P. Fraga introdujo en el debate del artículo 15, que decía todas las personas tienen derecho a la vida, que no se protegía el derecho del nasciturus y se cambió el texto por “todos” tienen derecho a la vida. ¿Piensa retirar el recurso del PP que lleva 10 años pendiente de respuesta en el Constitucional?
R. No, nosotros lo que pensamos es que no hay nada más progresista que defender la vida. En el aborto no hay duda porque hay un bien jurídico a proteger que es distinto al de su madre, el de la persona que no ha nacido. La Constitución dijo el “todos” dejando muy claro que más allá del debate científico de cuándo empieza la vida, hay quienes pensamos que hay ciertas semanas en las que esa elección no es tan sencilla y lo que hemos intentado hacer es lo primero reconocer que en 1985 había un acuerdo entre las formaciones políticas a la hora de regular una ley de interrupción del embarazo y que no era necesaria la in-
troducción de una reforma que fue tan divisiva.
P. Usted está defendiendo la ley de supuestos, en contra de la ley de plazos, y el Gobierno del PP tuvo cuatro años de mayoría absoluta donde pudo cambiarlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué lo defienden ustedes ahora?
R. Yo lo puedo defender ahora porque tengo la responsabilidad de poderlo defender. Se recurrió, la explicación que se dio fue que hasta que no se supiera qué decía el Constitucional se esperaba, y creo que ahora mismo es bueno que estemos en una regulación que reunía la aquiescencia de los dos grupos mayoritarios... Es un tema en el que como padre de gran prematuro lo tengo más a flor de piel porque el monitoreo diario de un pequeñín de 22 semanas te hace ser más sensible a que en algún supuesto de la ley actual se pueda interrumpir el embarazo. Cuando lo ves a diario y cuando ves ecografías a diario pues te das cuenta de que hay que hacer una reflexión por lo menos en la información. En este caso creo que nos equivocamos si llevamos esto al ámbito religioso o moral, que también, pero es una esfera personal de cada uno... Creo que la Ley de plazos excede en mucho la posibilidad de que esos bebés que a partir de 2224 semanas salen adelante perfectamente requieran de una información o explicación.
P. Eliminaría usted los aforamientos del Gobierno, y diputados y senadores?
R. Si se quitan, se tienen que quitar todos. En España son más de 200.000. Y suprimiendo la acción popular. En Alemania no hay acción popular, la acusación corresponde a la fiscalía y punto. Lo que no puede ser es que aquí los políticos estén a expensas de lo que un concejal en la oposición o diputado denuncia a uno de otro partido y como hasta dentro de dos años no se sabe si es absuelto o no, como no se pueden meter imputados en las listas, pues ya te has quitado a un rival. Si se hace una reforma lo que hay que dejar muy claro es que entonces la acusación popular, que creo que es una figura de la que se abusa en política en España, se tiene que suprimir también. Al final quien ha hecho algo mal termina pagando ante el tribunal que corresponde, no conviene confundir a la opinión pública.