Pilar del Castillo

En las democracias liberales, el progreso y el bienestar están directamente relacionados con la fortaleza de sus instituciones, la confianza que en ellas depositan los ciudadanos y, sin duda, la estabilidad constitucional. En nuestro caso, la permanencia de la Carta Magna ha sido un factor decisivo en la definitiva modernización de España, el cimiento que ha hecho posible el periodo más largo de paz, democracia y prosperidad que nuestro país ha conocido en su historia. Gabriel Cisneros, uno de los padres de la Constitución, solía insistir en la estabilidad como un valor en sí mismo, “un valor de pedagogía democrática” y ponía como ejemplo la Constitución estadounidense, cuyo texto seguía y sigue concentrando todo el poder simbólico del momento fundacional aunque haya sido enmendado en diferentes ocasiones. Lo mismo puede decirse de la Ley Fundamental de Bonn,

promulgada en 1949. Desde entonces ha sufrido muchas modificaciones, pero su esencia no ha sido nunca alterada, hasta el punto de que sirvió de marco para la reunificación alemana en 1990. Sin duda es relevante que, en una circunstancia histórica tan excepcional como ésa, no fuera necesario refundar el texto constitucional.

En el caso español, el momento fundacional de nuestra democracia se produce con el pacto histórico que expresa la Constitución de 1978. Estos días celebramos el 40º aniversario de ese gran acuerdo político que surgió del compromiso, el respeto y la lealtad implícita a la esencia de lo consensuado. Si estos tres elementos no hubieran estado presentes en las discusiones que permitieron alumbrar el texto constitucional, con seguridad éste hubiera corrido una suerte bien distinta.

Quiero detenerme en el principio de lealtad que he mencionado con anterioridad, un principio que, en palabras de Jiménez de Parga, “denota un compromiso más allá del estricto cumplimiento de la norma”. En efecto, como él explica, la lealtad constitucional implica trascender la literalidad del texto y atender a sus fines, asumir sus principios y valores, y contribuir de ese modo a una unión más estrecha entre el Estado y las comunidades autónomas.

He mencionado antes la Ley Fundamental de Bonn para subrayar su estabilidad. El caso alemán también es un buen ejemplo de la importancia que el desarrollo constitucional ha otorgado al principio de “lealtad federal” o bundestreue. Se trata de un tema al que han venido prestando una amplia atención tanto nuestros constitucionalistas como administrativistas, y que expresa una confianza mutua considerada indispensable para el buen funcionamiento del sistema político. Más aún, ese principio de lealtad impone obligaciones con- cretas al Estado central y los Länder, que han de observar un comportamiento que no perjudique los intereses de la Federación ni de los Estados miembros. Este deber recíproco de lealtad hace impensable que un determinado Länd aproveche los poderes y competencias que la Ley Fundamental le atribuye para debilitar la unión o atacar elementos fundamentales del texto constitucional.

No es mi propósito adentrarme en el debate federalista (el Estado autonómico español es, por lo demás, un ejemplo de total descentralización), sino subrayar la importancia del principio de lealtad constitucional, que exige colaboración auténtica y compromiso en la búsqueda del interés de todos.

Aquí es donde conviene llamar la atención sobre la vía de agua, crecientemente caudalosa, que se ha ido abriendo en nuestro sistema político. La lealtad como condición permanente para el diálogo está con dema- siada frecuencia ausente o es directamente ignorada. Ocurre cuando se está decidido a no respetar los procedimientos establecidos en el texto constitucional o cuando, en el ejercicio de competencias transferidas a las comunidades autónomas, se socava sistemáticamente la letra y el espíritu del texto y se trata de anular cualquier sentido de pertenencia a España. Estoy convencida de que al lector le habrán venido a la mente más de un ejemplo.

Todo ello nos sitúa ante un reto de gran calado: el principio de lealtad no puede quedar en un mero recurso teórico. Es indispensable situar la lealtad constitucional en el eje central del ejercicio de las competencias de las distintas instituciones políticas.

Vivimos en un mundo que se ha hecho global. Los nuevos desafíos (políticas de seguridad y defensa, grandes movimientos migratorios, cambio climático, digitalización, etcétera) sólo pueden abordarse desde una estrecha colaboración y acción conjunta. Nuestro marco natural de actuación es la Unión Europea, cuya fortaleza descansa en la solidez de sus Estados miembros y ésta a su vez en la estabilidad de sus normas constitucionales.

En este contexto, la Constitución de 1978 sigue siendo nuestro activo institucional más importante y nuestro mejor legado para las próximas generaciones. “El problema de España reside en la falta de conciencia sobre el éxito histórico que representa la superación del milenario excepcionalismo español”, ha escrito Javier Gomá. Así es, la Transición fue un enorme éxito colectivo que hubiera sido inexplicable sin la Constitución. Por eso hoy merece nuestro homenaje.

La Transición fue un enorme éxito colectivo que hubiera sido inexplicable sin la Constitución