“Soluciones asimétricas no serán aceptadas por la sociedad”
1. Es lo suficientemente flexible como para continuar sirviendo al objetivo para el que fue aprobada y que ha cumplido en los últimos 40 años: garantizar la convivencia democrática y el progreso en libertad de la sociedad española. Los profundos cambios que nuestra sociedad ha experimentado en todos los ámbitos durante este tiempo así lo certifican. Dicho esto, es evidente que, como toda obra humana, es posible reformarla para mejorarla. No obstante, lo más urgente para acometer una reforma de la Constitución Española de 1978, y con carácter previo a cualquier otra consideración, es recuperar el clima de consenso que propició, hace 40 años, que por primera vez en nuestra historia la Constitución fuese de todos, y no sólo de una parte de la sociedad española que se la imponía a la otra. 2. El proceso de descentralización política que propició la Constitución fue muy profundo e incomparable en el ámbito internacional, permitiendo que España pasase de ser uno de los Estados más centralizados del mundo a uno de los más descentralizados, y creo que ese fue uno de los mayores éxitos de la Carta Magna. Hemos planteado desde hace tiempo la conveniencia de reforzar los mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades. En el ámbito legislativo, mediante una reforma del Senado que avance en su configuración como la Cámara de representación territorial que la Constitución prevé. Y en el ámbito ejecutivo, mediante una institucionalización de la Conferencia de Presidentes, aún poco operativa pese a que en ella se han alcanzado importantes acuerdos. En la línea de lo propuesto por el Consejo de Estado en 2006, de acometerse la reforma consensuada de nuestra norma fundamental, se podría considerar la clarificación de los ámbitos competenciales de las CC AA. Adicionalmente, aunque ello no implique una reforma constitucional, el modelo de financiación de las CC AA desarrollado a partir de las previsiones constitucionales, debería reformarse para garantizar, precisamente, que se cumplen los principios constitucionales de igualdad y solidaridad personal y territorial. 3. El sistema político español es, disquisiciones nominalistas al margen, un “sistema” federal. Es cierto que perfectible, en mi opinión reforzando los mecanismos de participación de las CC AA en la conformación de la voluntad estatal. Pero estoy convencido de que soluciones “asimétricas”, que impliquen el reconocimiento de hechos diferenciales distintos de los que la propia Constitución ya reconoce (la foralidad, los idiomas cooficiales, la insularidad), o los que derivan del ejercicio de las propias competencias por las CC AA, no serán aceptados por la sociedad española. Especialmente si de ello se deriva algún tipo de privilegio político o económico. 4. La vigente Ley ha garantizado la gobernabilidad de España, con la única excepción de la XI Legislatura. Sin embargo, la gran fragmentación política existente debería llevarnos a analizar un cambio de la normativa en los próximos años. La lista más votada debe contar con un plus encaminado a asegurar la estabilidad en las Cortes y la gobernabilidad en los Ejecutivos, tanto a nivel nacional como en las autonomías. También soy partidario de modificar la Ley electoral a nivel municipal, de tal modo que se garantice que gobierne la lista más votada, tal y como sucede en países como Portugal.
La lista más votada debe contar con un plus que asegure la estabilidad y la gobernabilidad” Alberto Núñez Feijoo