UNA ENTENTE CORDIAL

La teoría de la política y la política de la teoría no siempre coinciden. Los manuales de Economía cuentan la importancia de la colaboración entre lo público y lo privado en la transición digital. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé que 16.076 millones de euros se destinen a la modernización y digitalización del tejido industrial y la pyme. El Estado conduce la orquesta. Suena la lógica política. Es la interpretación de su partitura. Ahora entra el violín (Educación), ahora, la flauta travesera (Infraestructuras). Alberto Andreu, profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, echa de menos que esté alineada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17 que persigue Naciones Unidas. Fomentar los acuerdos públicoprivados. El docente cita números que avalan que quizá España camina fuera de la senda. “De cada 100 euros destinados a I+D, unos 60 proceden de la iniciativa privada”, sostiene Andreu. “La digitalización debe ser transversal y no solo dirigida al ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”. Pero la Administración no vive en un foso digital ajeno a la platea o las gradas. “Existen proyectos que no serían viables sin la participación privada”, interviene Cándido López, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España. Y añade: “Todo el proceso de ejecución de los fondos contará con la colaboración entre ambas partes, o no será”.

Pero esta relación en el fondo es un nuevo pacto social. Debe suponer la extinción del Homo Economicus. El empresario que busca el mayor rendimiento, el mayor beneficio. Desde que muchos economistas y sociólogos rechazaran que la medida de la felicidad y la prosperidad de un país no debería ser el PIB —tal y como lo contabilizamos hoy—, su fin parece más cercano. La digitalización será el futuro. “Pero no permitiremos que el mundo del trabajo online sea una lucha