‘Caso Cursach’, armas y amenazas
El caso Cursach investiga desde hace casi cuatro años los negocios del empresario mallorquín del ocio nocturno Bartolomé Cursach y su connivencia con agentes de policía, funcionarios y políticos para beneficiar a sus empresas y hundir a la competencia. Una maraña judicial que envió a prisión preventiva a decenas de policías locales, derivó en juicios por presiones a testigos protegidos y llevó al magnate a pasar un año entre rejas antes de pagar un millón de euros de fianza en apenas unas horas. El juez que instruyó el asunto durante años, Manuel Penalva, fue apartado de la causa tras prosperar la recusación planteada por las defensas de algunos investigados. Juez y fiscal denunciaron acoso y amenazas del entorno de Cursach y obtuvieron la autorización para poder llevar armas cortas para defenderse. afirmó la delegada. Los agentes de policía y la secretaria judicial también intervinieron el teléfono particular del periodista de Diario de Mallorca Kiko Mestre, que también publicó el informe. El profesional fue citado en los juzgados, donde los agentes le enseñaron la orden para que entregara el móvil y las claves para desbloquearlo. Horas después se presentaron en la sede del periódico, pero la dirección del diario se negó a entregar la documentación solicitada.
“Grave ataque”
“Por la tarde se les dijo que no se iba a entregar ningún tipo de material de investigación”, explicó el adjunto a la dirección del periódico, Matías Vallés, que tachó el caso de “insólito” y denunció que la actuación judicial es “desproporcionada” porque “ninguna hipótesis justificaría una decisión de este calibre, ya que no hay un secuestro, ni la investigación de un asesinato, sino la investigación de una filtración”.
La Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a más de 80 medios de comunicación españoles, entre ellos los dos afectados, mostró en un comunicado su “más absoluto rechazo a los registros”, que calificó de “grave ataque al derecho de información y a la independencia de los medios de comunicación frente a todo tipo de presiones”. La AMI recordó a las autoridades policiales y judiciales que “no pueden coaccionar a los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones, a los que les ampara el derecho de protección de sus fuentes”.
El Sindicato de Periodistas de Baleares y la Asociación de Periodistas de las islas repudiaron el “ataque aberrante” a la libertad de información y al secreto profesional, amparado en el artículo 20 de la Constitución. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó tajantemente las inacutaciones.
La presidenta balear, la socialista Francina Armengol, mostró su solidaridad con los medios afectados y recordó en Twitter que “la información rigurosa y libre fortalece” la democracia”.