La Autoridad Fiscal critica que no se evalúe la recolocación de parados

Podría parecer obvio que si las Administraciones gastan más de 6.000 millones en intentar recolocar parados, debería haber un control de la eficacia de lo que se paga. Sin embargo,

Algunas comunidades lo hacen bien pero otras lo hacen francamente mal, explican los autores del proyecto conocido como spending review. “La Airef constata que los datos suministrados han sido insuficientes. La evaluación completa de la eficacia por comunidad no ha sido posible”, destaca el organismo encargado de velar por las cuentas públicas en un informe que ya adelantó EL PAÍS. Solo se ha podido hacer en Aragón según denuncia la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), no lo hay. El Tribunal de Cuentas y los interventores certifican que el gasto se ejecuta según la legalidad. Pero no hay datos que permitan evaluar y hacer

y con el programa estatal Prepara. Por eso, ha elaborado una guía para adoptar sistemas de datos evaluables y comparables. De modo que en el futuro se pueda controlar la eficacia de las ayudas a parados, igual que en otros países. No hay un problema tanto de control del gasto como de baja eficacia, indican. Aun así, la Airef recalca que no es posible conocer la cifra exacta que se dedica, en parte por la complicada división de un seguimiento de los parados que reciben ayuda. La Airef no logró examinar qué medidas funcionan y cuáles no, que era el objetivo inicial de la revisión de estas políticas. Y parte del problema reside en las autonomías.

competencias entre Administraciones. Y estima un rango de entre 6.000 y 6.500 millones.

La institución observa que en relación con el PIB se gasta lo mismo que en otros países. Sin embargo, el dinero por desempleado es mucho menor. Además, se gasta mucho en incentivos a la contratación —un 40% del total—, en vez de destinarlo más a orientadores que atiendan a los parados —una partida que solo supone un

15% del gasto—. Si se compara con los Estados que mejor lo hacen, el uso de orientadores es la mejor opción, dice la Airef. En segundo lugar, se debería optar por la formación —que abarca un 25% del gasto—. Solo que los cursos no siempre son efectivos y en España deberían adaptarse mejor a las necesidades del mercado.

Pese a la falta de datos, la Autoridad Fiscal examinó el funcionamiento de los servicios de empleo autonómicos. Y concluye que “se aprecian sustanciales diferencias en la calidad del servicio”. Subraya que coincide el peor rendimiento con unas altas tasas de paro. Según la clasificación, de peor a mejor figuran: Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Baleares, La Rioja, Madrid, País Vasco, Valencia, Castilla y León, Murcia, Navarra, Galicia, Aragón, Cataluña y Asturias.

Hay muchas diferencias por comunidades en la formación que dan y que subcontratan, apunta. Y defiende que el reparto de fondos por autonomías debería ligarse más a resultados.

El organismo sostiene que se tiene que revisar el sistema de subvenciones a la formación porque “es cuestionable”. Detecta una escasa vinculación entre los cursos y las necesidades del mercado laboral. Hasta pone el ejemplo de una localidad en la que abunda la producción de legumbre, que no necesita frío, pero el curso que se oferta es el de refrigeración, quizás porque sea el que imparte la academia contratada.

Por otra parte, pide mejorar la autonomía de las oficinas de empleo para que puedan incentivar a sus trabajadores, innovar y adaptarse al mercado local. En Alemania incluso hay una clasificación de las oficinas y el desempleado puede elegir las que dan mejores resultados, señala.

La Airef resalta que en muchos países se paga a empresas en función de las reinserciones conseguidas. Además, recomienda que haya especialistas dedicados a captar ofertas de empresas.

Respecto al Prepara, un programa del anterior Gobierno del PP que combinaba un subsidio con la formación, la Airef considera que no contribuyó a mejorar la probabilidad de que el parado se incorporase al mercado laboral durante los seis meses de prestación. Es decir, no incentivó la reinserción. A pesar de los 1.400 millones gastados entre 2012 y 2017, la probabilidad de encontrar un trabajo entre los 850.000 beneficiarios fue incluso menor.

a zonas rurales, donde “los volúmenes sean bajos y no permitan una rentabilidad”. Esto es, en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.

En el documento, de 84 páginas, también hay propuestas “para flexibilizar las obligaciones de servicio público” como la reducción “del número de días en que se entrega la correspondencia (tal y como ha hecho Italia) en la medida en que no parece que sea una demanda ciudadana”. O reducir el número de oficinas o el de buzones. Fuentes de la Airef insisten en que el estudio plantea reformas para mejorar la eficiencia del servicio universal de Correos. Y señalan que el trabajo se ha hecho codo con codo con los responsables del Ministerio de Fomento, de quien depende la empresa pública Correos.